Familiares de más de 80 mil detenidos en la “guerra” antipandillas declarada en 2022 por el presidente Nayib Bukele han comenzado una campaña para lograr la reanudación de las visitas en las cárceles.
Este martes, alrededor de 200 personas, lideradas por la ama de casa Luisa Hernández, se reunieron en la plaza Libertad de San Salvador, donde abogados del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) ofrecieron asistencia legal para tramitar la excarcelación de quienes consideran “inocentes”. Luisa Hernández, de 48 años, compartió su angustia tras no poder ver a su hija Adriana, de 24 años, detenida durante casi 20 meses.
Esta situación es común entre muchas familias salvadoreñas que viven con la incertidumbre de no saber el estado de sus seres queridos.
La “guerra” antipandillas, que ha llevado a la detención de más de 82 mil personas, ha sido efectiva en la reducción de los homicidios en El Salvador, un país que ha luchado durante años contra la violencia pandillera.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado arrestos arbitrarios y abusos en las prisiones, donde las visitas familiares han sido prohibidas desde hace dos años y medio.
La estrategia de Bukele se ha respaldado con un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, lo que ha generado un clima de temor y confusión entre las familias.
