Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca.- Analizando a la democracia en el texto constitucional del artículo 39, establece claramente que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Esto significa que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) dependen de la voluntad del pueblo como mandatario.
Todos los mexicanos y habitantes en nuestro país somos el pueblo, sin excepción. Incluye a las clases marginadas y vulnerables. A los que nacieron en la pobreza y en la desgracia del maltrato social. A los grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos con la naturaleza como los grupos étnicos. Se dice mucho que el bienestar común tiene la preferencia y eso es lo que ocurrió en nuestro México.
Precisamente las clases marginadas y vulnerables son las que más han sufrido de humillación, maltrato e injusticia, precisamente ante la ausencia de la justicia pronta y expedita que ordena el artículo 17 de la Constitución. En efecto, el Poder Judicial de la Federación favorece a los intereses de los que pagan más por obtener sentencias a su favor, por eso no ha disminuido el crimen organizado en todas sus facetas, como los narcoinmobiliarios.
La aprobación de la Reforma al Poder Judicial en México, viene a transformar el sistema que ya no se puede sostener ante la corrupción, negligencia, omisión e impunidad que prevalece desde la Suprema Corte de Justicia hasta los juzgadores locales. El pueblo no es ignorante ante el sufrimiento que viven millones de mexicanos con la incertidumbre y ante la ausencia de la justicia que nunca llega a los desposeídos.
Habrá selección de quienes tienen la vocación de servir y con capacidad para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, que desgraciadamente el mismo Poder Judicial ha degradado. Es necesaria una limpia completa, porque es infame la injusticia que vivimos a diario, con juzgados colapsados y juzgadores ineptos e intocables. Los requisitos de selección de jueces y magistrados han sido solo letra muerta.
El cambio favorece en principio a una mejor atención ciudadana y respeto a la profesión de licenciado en Derecho, porque habrá oportunidad para todos los aspirantes que reúnan los requisitos, siendo indispensable tener cédula profesional de licenciado en Derecho, honestidad y conocimiento en la materia para impartir justicia.
Se abre la oportunidad también, para quienes tienen carrera judicial y que no se les ha considerado por el nepotismo y el dedazo. Muchas ilusiones que han sido destruidas de verdaderos profesionales del derecho que desean impartir justicia con honestidad, tendrán oportunidad de participar. Tenemos excelentes secretarios proyectistas en los juzgados que son los que estudian lo que firma el juez.
Importante hay que destacar, que ya existe y se practica la Justicia de Paz, la que fortalece el sistema de justicia porque las partes deciden y eligen bajo el procedimiento de mediación y/o conciliación lo que más les favorece, siendo considerados sus acuerdos como sentencia ejecutoria. Ese sistema permanecerá igual, ya que no son jueces sino facilitadores los que además han logrado que un gran número de conflictos y controversias se resuelvan bajo el procedimiento de Justicia Alternativa.
Finalmente, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe legislar o crear leyes y sin embargo ha establecido jurisprudencia obligatoria para toda la nación, como lo es la interpretación de los derechos humanos, tales como declarar inconstitucional el matrimonio entre hombre y mujer, autorizando a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, aunque la palabra tiene su origen en el derecho romano que es la cohabitación del hombre y de la mujer con la intención de ser marido y mujer. Otros ejemplos son la autorización para fumar marihuana y despenalizar el aborto.
