Lic. Maclovio Murillo Chávez.- La más importante reforma de los últimos tiempos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido ya aprobada recientemente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y muy próximamente, será discutida y votada en la Cámara de Senadores.
Se trata de una reforma judicial que sin tomar en cuenta el verdadero origen de las fallas del sistema de justicia –las cuales objetivamente se encuentran focalizadas principalmente en la actuación de las autoridades encargadas de la persecución y prevención del delito– como un antídoto equívocamente recetado, prevé la liquidación de la totalidad de los juzgadores del país, que incluye desde la categoría de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejeros de la Judicatura, Magistrados y Jueces en todas las materias, tanto del fuero federal como del fuero común en las entidades federativas.
Esa reforma –que se ha posicionado por el régimen como la solución a los grandes problemas que enfrenta el sistema de justicia mexicano–, se encuentra edificada sobre dos falsas premisas que habilidosa y perversamente, para ocultar el verdadero propósito de la venganza, se ha sabido esconder.
Por una parte, se propaga la idea de que la elección libre de juzgadores por el pueblo, es el mejor sistema que vendrá a solucionar los problemas que enfrenta el sistema de justicia, lo cual es totalmente errado porque la elección popular, contrariamente a lo que se pregona, no garantiza para nada en los juzgadores y el ejercicio de sus funciones, la independencia, autonomía e imparcialidad, que son los principios fundamentales para una correcta impartición de justicia.
Pero de mucha mayor relevancia, por otra parte, la tan ensalzada elección popular que se plantea en la reforma –en sentido inverso a lo que se pregona–, está fundamentada precisamente en un sistema ideado para dinamitar y destruir todo principio democrático cimentado en la posibilidad de elegir libremente por el pueblo, pues si bien la misma prevé que podrán elegirse a los juzgadores a través del voto popular, también prevé que la elección no será de entre los candidatos que libremente proponga el pueblo, sino de entre los candidatos que proponga y designe libremente el propio gobierno a través de sus órganos, lo cual, resulta evidentemente una patraña que destruye la posibilidad de la elección auténticamente popular.
En pocas palabras, la reforma propone que el pueblo elija, pero solo de entre los candidatos que propone el gobierno, lo cual es totalmente contrario a todo principio democrático cuya esencia se encuentra en la elección a través del voto popular, pero nunca emitido solo para validar alguna de las candidaturas propuestas por el propio gobierno, sino para elegir de entre los candidatos que el mismo pueblo proponga.
Por eso, la reforma en los términos aprobados en la Cámara de Diputados, definitivamente es antidemocrática y servirá exclusivamente para que el Poder Judicial de la Federación y el de los estados, sean tomados por el actual régimen, y así pueda designar juzgadores a modo y en consonancia con el mismo, para eliminarse de esa forma los contrapesos en el ejercicio del poder, lo cual, definitivamente constituye un signo inequívoco de la pretensión de construirse un sistema autoritario cercano al de una tiranía.
Así, es cuanto.
