Jorge Quintana Silveyra.- Hemos señalado que los fines fundamentales de todo orden jurídico, son la seguridad jurídica, la justicia social y el bien público, que otros llaman el bien común; la diferencia estriba que el bien común es de aquellos que se encuentran en situación igualitaria, o un grupo definido por sus intereses coincidentes en un objetivo común, pero ahora es imposible afirmar que todos estamos en una situación igualitaria y el bien público se refiere a todos, a la generalidad, a todos los gobernados.
La seguridad jurídica significa que nuestra esfera de derechos y facultades es reconocida y protegida íntegramente por el Estado o la autoridad; a usted le corresponde valorar si esta condición general se presenta en nuestra sociedad.
La justicia social es, en resumen, la justa distribución de la riqueza, la posibilidad que el gobernante ofrece para garantizar una ruta permanente, que nos lleve a algún día tener lo suficiente para vivir todos en una economía que ahora llaman la economía del bienestar.
Y el bien público significa que la política de gobierno esté encaminada a otorgar a todos los habitantes el disfrute de los derechos a la ciudad; esto es, ciudadanos y ciudadanas de primera todos.
Ahora, tratemos de encontrar estas políticas, al menos un esbozo en los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno de nuestro país, pero sobre todo en lo que nos corresponde más inmediatamente, en el municipal.
Después hagamos una evaluación para conocer si en las diferentes acciones de gobierno se ve reflejado este propósito, eso nos dará la posibilidad de determinar hacia dónde vamos, si hay rumbo o si son meras ocurrencias o proyectos personales o de grupo, las acciones de gobierno.
En toda acción de gobierno debe estar implícito el propósito de cumplir con la ruta crítica que se estableció al proyectar y elaborar el Plan de Desarrollo, que tiene como objetivo fundamental, el acercarse cada vez más al cumplimiento de los fines del orden jurídico, estructura fundamental sobre la que descansa el Estado.
Pero una premisa fundamental para lograr avances en este sentido, es la participación de la sociedad en la elaboración, conducción y evaluación del Plan de Desarrollo, sus acciones, metas e incluso, porqué no, en el diseño de estrategias para el logro de los objetivos planteados. En otras palabras, participación ciudadana y cogobierno.
No me refiero a presupuesto participativo, que, hasta ahora, ha sido una especie de acto simulado para decidir en qué aplicar una mínima parte del presupuesto de egresos, en proyectos previamente concebidos por la autoridad, y que, los habitantes de cierto sector eligen de entre ellos. Eso no es presupuesto participativo y mucho menos planeación participativa.
Nuestra normalidad, la otra que viviremos en el proceso electoral, que en meses inicia, nos empieza a demostrar la fragilidad a la que está expuesta la comunidad juarense, porque la crisis que estamos viviendo -sanitaria, económica y social-, nos exige mayor participación en las decisiones que darán o no, rumbo a los habitantes de este municipio, y de nuestra ciudad.
Hagamos un análisis profundo, de las propuestas que nos harán aquellos y aquellas que nos estarán pidiendo apoyo; seamos conscientes que lo que decidamos, será lo que viviremos diariamente, el resto del trienio y el sexenio.
Está demostrado que la falta de preparación, la improvisación y el oportunismo, solo han llevado a la sociedad al desencuentro, la frustración y el hartazgo. Pero solamente contamos con este sistema de elección de autoridades; así que, no escuchemos a quien solamente critica y no propone, pues esta actitud es la que nos ha llevado a nuestra otra normalidad.
