Dr. Fernando Antonio Herrera Martínez.- El proceso y el debido proceso es el único camino de la actividad punitiva del Estado. Violar los derechos fundamentales de una persona propicia que de potencial imputado se pase a víctima. Hay ejemplos muy claros: Cuando se concedió el amparo liso y llano a Florence Cassez, el ministro Zaldívar dijo: Con todos los vicios y violaciones que contiene este expediente es imposible juzgar a una persona; de hecho no es posible llegar a conocer la verdad.
Siete años pasaron para que el Estado Mexicano se diera cuenta de manipulaciones, violaciones y atrocidades cometidas por la autoridad en la que algunos jueces se comieron literalmente la Constitución y las leyes.
Hasta que llegó a la Suprema Corte. Pero la presión no los dejó actuar en la primera audiencia. Lo dejaron en pausa y tuvieron que esperar el arribo de un nuevo gobierno para hacer prevalecer la ley.
Ismael Vallarta lleva 18 años en prisión, sin una sentencia, lo que lo convierte en víctima del Estado Mexicano y es un delito de lesa humanidad, por estar privado ilegalmente de su libertad.
En Chihuahua, Javier Corral también cometió delitos de lesa humanidad y dejó una herencia: en las cárceles del estado hay 3,600 personas con más de dos años en prisión sin sentencia, lo cual los convierte en víctimas del estado de Chihuahua.
Hay que recordar que esos delitos no prescriben. Maru no puede, no debe permitir continuarlos, hay que revisar con prontitud las injusticias.
