El pueblo, el fuego y el agua no pueden ser domados nunca… Los mexicanos lograron que su sistema electoral madurara hasta lograr uno en el que se daba alternancia en el poder entre partidos. Hace 70 años, solo los candidatos del PRI eran elegidos para cargos, desde regidores de ayuntamiento hasta gobernadores y presidentes de la república.
Ahora hemos visto presidentes electos del PRI, del PAN y de Morena con gobernadores del PRD, del MC, PAN y PRI y alcaldes de casi todos los partidos, incluyendo a candidatos independientes. Por eso es incomprensible para muchos que el actual gobierno de Morena, por encima de los artículos de la Constitución que garantizaban elecciones en condiciones de paridad para todos los participantes, se empeñe en debilitar el órgano legislativo, reduciéndole el personal y presupuesto necesarios para garantizar un piso parejo, trasladando prácticamente la organización electoral de la autonomía a la dependencia de la Secretaría de Gobernación.
Todos estamos de acuerdo en que el INE está muy lejos de ser perfecto, tiene muchos puntos que deberían ser perfeccionados. En cada sexenio crecía su presupuesto exponencialmente, sin que se justificara realmente en los servicios recibidos. Hasta la honestidad de sus directivos se vio cuestionada en varios casos sonados, algunos de ellos muy mencionados en esta frontera.
Pero reducciones presupuestales de hasta el 80% y la mordaza a los medios de comunicación con la ley del 0.1% no solo violan las leyes de equidad y piso parejo, sino que dejan muy cuestionables las capacidades del organismo para mostrar eficiencia e imparcialidad en los resultados de las elecciones, llevándolo a un estado de regresión de varias décadas.
Se teme que se esté intentando recuperar el favoritismo hacia un partido, como lo tenía el PRI por 70 años, pero ahora a favor de Morena. No deja de ser irónico que el partido de Morena, que llega al poder gracias a la neutralidad del órgano electoral, sea quien presurosamente lo destruye para perpetuarse en el poder a la mala, a la más vieja y corrupta tradición oficialista de las décadas oscuras del PRI.
Hay un viejo refrán mexicano que dice “golpe dado ni Dios lo quita”, por eso se nos hace que la marcha en más de ochenta ciudades de siete países del mundo a favor del INE sea totalmente anacrónica, pues sentimos que su momento debió haber sido antes de que se legislara a favor de las reformas.
La manifestación del 13 de noviembre se llevó a cabo en tiempo y forma y tanto es así que AMLO respondió llevando contingentes de todo el país al Zócalo para intentar opacar la manifestación de la oposición.
Inmediatamente después, deberían haber organizado una segunda manifestación para asegurarse una mayor participación, incluso mayor que la de AMLO, como la de ayer, pero en noviembre o en la primera semana de diciembre como fecha límite. Ahora, están limitados a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia considere varios de sus artículos inconstitucionales y los anule, pero esto es remar contra corriente y fuera de tiempo. Además, corren el riesgo de que se implemente solo una parte de la ley y se anule la otra. Habrá que ver cómo se presentan y litigan las controversias constitucionales, pero difícilmente se eliminará todo el paquete de reformas.
Es impresionante lo que se logró en cuanto a la participación ciudadana en la manifestación de ayer. En el Zócalo de la Ciudad de México, se habla de una concurrencia de más de medio millón de manifestantes. A esto se suman los 40,000 registrados en la ciudad de León, Guanajuato, los 30,000 reportados en la ciudad de Chihuahua y los 25,000 en las afueras de Monterrey. No en todas las ciudades elegidas se logró reunir a miles de participantes. En la manifestación de Ciudad Juárez, en su mejor momento, apenas llegaban a 500 manifestantes. Suponemos que los vientos huracanados que soplaron sobre la ciudad influyeron en la concurrencia.
El tema recurrente en todas las manifestaciones fue que las normas electorales que reducen significativamente los presupuestos y capacidades organizativas de los órganos electorales violan los derechos de los mexicanos a tener procesos electorales con piso parejo, equidad y certeza. Las serias deficiencias estructurales en el organismo electoral que resultarían del “ahorro” del 80% del presupuesto crearían serias dudas sobre la credibilidad y confianza en las elecciones.
Quien siembra vientos recoge tempestades… La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que acusa al ministro Alberto Pérez Dayán de hacer “fraude a la Constitución”, tras haber otorgado una suspensión para la entrada en vigor de la primera parte de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual no podrá ser aplicada para los comicios que se celebrarán este año en Coahuila y el Estado de México.
Una cita incluida en el comunicado habla de jueces que “tuercen la ley”: “Estos son los malos jueces, los usurpadores, los destructores de la democracia”, tomando una frase de Ronald Dworkin.
La Consejería Jurídica confirmó que ya presentó la impugnación contra la determinación que se dio a conocer esta semana.
El vocero de la Presidencia afirma que el ministro tomó una decisión “de forma dogmática”, pues argumenta que no hay actos eminentes e inmediatos o “alguna afectación irreparable al sistema democrático” con la aplicación de las reformas.
El comunicado dice que el ministro violó la Constitución y exige que la Corte “actúe dentro de las atribuciones que le corresponden”.
Según la Consejería Jurídica, la decisión del ministro afecta la división de poderes: “La suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán afecta de manera grave una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como es la división de poderes, ya que carece de facultades para anular un valor constitucional superior, como es el principio de presunción de validez de las normas expedidas por el Poder Legislativo, pues sólo la determinación del pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general”.
También señalaron que el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnó la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán que suspende la aplicación el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en los estados de México y de Coahuila, ya que las normas expedidas por el Congreso de la Unión solo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos.
