TEGUCIGALPA- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) mantiene su reclamo de justicia para la lideresa lenca Berta Cáceres, a propósito del sexto aniversario de su asesinato.
“Seis años de impunidad y resiliencias. Les invitamos a apoyar la Causa Berta Cáceres usando esta imagen conmemorativa, compartir los mensajes de lucha y exigir justicia para Berta”, tuiteó el Copinh, junto a un póster de la emblemática ambientalista.
Cáceres (1973-2016) fue asesinada solo un año después de ganar el Premio Goldman de la defensa ambiental, por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y presuntamente fue ordenado por la acaudalada familia Atala Zablah.
“Los autores intelectuales del asesinato de mi mamá no solo siguen impunes, sino que se siguen enriqueciendo del robo a los pueblos. ¡Exigimos justicia y que basta de impunidad por ser de la élite económica! ¡Atalas criminales!”, tuiteó la activista Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora del Copinh.
El colectivo impulsa una serie de iniciativas a la espera del próximo 4 de abril, cuando será leída la sentencia contra David Castillo, uno de los empresarios que orquestó el asesinato de Cáceres.
Si bien el caso sigue abierto, los fiscales calculan que a Castillo podrían caerle de 25 a 30 años de cárcel por el crimen, fraguado para acabar con la resistencia popular contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en Honduras.
El proceso contra los asesinos de la fundadora del Copinh fue lastrado por recurrentes maniobras de dilación por parte de la defensa, pese a la evidencia en su contra.
De hecho, fueron presentados indicios de acciones de dudosa legalidad cometidas por funcionarios públicos y de coordinación entre los sicarios y la familia Atala Zablach, dueña de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo gerente era Castillo.
Este juicio es la continuación de un proceso anterior (2018), que concluyó con la condena de siete hombres por el asesinato de Cáceres: cuatro sicarios, un empleado y un exempleado de DESA, y un mayor en activo de las fuerzas armadas hondureñas.
Castillo fue arrestado dos años después del asesinato, mientras intentaba abandonar el país por el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte), tras múltiples denuncias sobre la falta de debida diligencia y secreto en el proceso.
En su toma de posesión, el pasado 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro reclamó justicia para Berta Cáceres, y recién esta semana su Gobierno prohibió la minería a cielo abierto en Honduras, para reforzar la defensa de los recursos naturales.
Sputnik
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