Lic. Héctor Ramón Molinar Apodaca (Facilitador Privado número 24).- La violencia en México sigue siendo una realidad dolorosa y persistente. No sólo la que aparece en los noticiarios o la que se mide en estadísticas oficiales; hablo de la violencia silenciosa, cotidiana, la que nace en hogares disfuncionales y termina destruyendo generaciones enteras.
Es ahí donde millones de niñas, niños y adolescentes crecen en ambientes de maltrato, abandono, amenazas, humillaciones y, cada vez más, bajo prácticas de violencia vicaria, donde los adultos utilizan a los hijos como instrumento para dañar emocionalmente a su expareja.
Esa violencia doméstica, casi invisible porque “no hay testigos”, es el semillero más grande de los problemas sociales que después estallan en las calles. Un niño que crece con miedo, sin afecto, sin acompañamiento, con golpes o insultos diarios, se convierte en un adolescente vulnerable, y más tarde en un adulto roto que repite patrones o cae en adicciones. Las cifras lo confirman: los lugares donde más se generan daños psicológicos profundos no son las calles, sino los hogares sin guía, sin presencia emocional, sin redes de apoyo.
A esto se suma una realidad que todos conocemos y pocos se atreven a enfrentar: el crimen organizado prospera porque existen millones de consumidores de drogas, porque hay demanda, porque hay mercado. Las autoridades saben en qué colonias se vende, quién distribuye, cómo opera cada punto. Los mismos consumidores lo saben. Las familias con integrantes adictos también conocen los lugares donde sus hijos, padres o hermanos adquieren drogas, pero no denuncian porque temen por su vida.
Ese miedo está justificado: demasiados comerciantes, profesionistas y empresarios han sido obligados a tolerar la venta dentro o cerca de sus negocios, sabiendo que parte de esos pactos incluyen a servidores públicos coludidos.
Entonces, ¿qué hacer?
Lo primero es dejar de politizar la violencia. Ni los gobiernos ni los partidos deben utilizar este dolor para propaganda, para golpear al adversario o para alimentar discursos de odio. Nada se gana repitiendo culpas mientras el país se desangra. Lo urgente es trabajar en la prevención, en la salud mental, en la reconstrucción familiar.
Se necesita una política pública seria, profesional, humana: programas psicológicos gratuitos, tratamientos médicos accesibles, centros de intervención temprana, acompañamiento familiar y comunitario, y la articulación con modelos de recuperación probados como Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. La rehabilitación no puede ser un privilegio; debe ser un derecho accesible a toda persona que lo necesite.
De igual forma, no podemos engañarnos: las marchas no deben convertirse en escenarios de vandalismo ni en herramientas de manipulación partidista. Las legítimas víctimas merecen respeto, no ser usadas como banderas políticas. Exigir justicia es válido y necesario, pero convertir el dolor en violencia sólo conduce a más confrontación y menos soluciones.
La Constitución es clara: México debe proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En las ciudades vemos menores mendigando, trabajando forzadamente o siendo explotados por redes criminales que los utilizan como mercancía. La trata de niñas, niños y adolescentes es una de las caras más crueles de la violencia y crece al amparo de la impunidad.
Como sociedad no podemos seguir volteando la mirada. No basta indignarse en redes sociales o depositar toda la responsabilidad en el gobierno. La reconstrucción nacional empieza en cada familia, en cada escuela, en cada comunidad. Empieza al romper el silencio, al denunciar, al acompañar, al educar, al exigir a autoridades limpias y comprometidas, pero también al no consumir, al no normalizar, al no callar.
La violencia no se combate sólo con policías. Se combate con conciencia social, con amor familiar, con atención psicológica, con educación emocional, con comunidades solidarias y con políticas que prioricen a quienes hoy más sufren y menos voz tienen: nuestras niñas, niños y adolescentes.