Dr. Fernando A. Herrera M.- La atención política se concentra en la renovación de la Cámara de Diputados, por tratarse de la elección intermedia de la presidente Claudia Sheinbaum, además de los reacomodos de perfiles que los partidos necesitarán en San Lázaro.
En las entidades federativas será donde veamos el reflejo de la estabilidad democrática de México, porque en el terreno local estarán en disputa 17 gubernaturas, entre ellas las de estados clave, como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz; además de otras entidades que tendrán elecciones de ayuntamiento, mientras que 31 de las entidades renovarán el congreso del estado.
Todo esto nos deja claro que la estructura electoral se enfrentará a una tarea sin precedentes.
El INE enfrenta problemas serios y propios de la cooptación de que son objeto, pero serán los OPLEs, bajo órdenes del INE, quienes operarán las elecciones locales en aquello que les permitan y bajo una condición económica y legal muy difícil y complicada.
El INE es el primer maniatado y en casi la misma situación presupuestal. Además, por la decisión del TEPJF que rompió el principio de equidad, al validar las campañas anticipadas como trabajos de reorganización interna de los partidos, creando un vacío legal que ahora es como una pinza que asfixia al INE y a los OPLEs.
De acuerdo con datos del propio Consejo General del INE, los recortes drásticos aplicados por los Congresos locales de las entidades es un serio problema y, abunda, señalando que de los 17 mil millones de pesos planteados, en su conjunto, por los 32 organismos locales para el proceso, los legisladores recortaron 4 mil millones de pesos.
Hay casos extremos, como el de Hidalgo con recorte del 60.7%; Colima con 52.9% y Tabasco y Morelos con un 42%. Todos ellos son ejemplo de cómo los gobiernos locales lastiman las finanzas de sus árbitros. Y a esto hay que agregar que en algunas entidades la sucesión gubernamental será de alto voltaje, como en el estado de Guerrero, en Nuevo León y en San Luis Potosí, donde operan bajo alerta impuesta por el INE.
La contradicción es terrible porque a los OPLEs se les exige operar la paridad de género, la inclusión obligatoria de cuotas indígenas y de personas afro-mexicanas (como en Guerrero), con una logística que implica contratar y capacitar personal eventual en lugares donde escasea ese tipo de personal competitivo.
Otro reto inédito: 13 OPLEs están obligados a coadyuvar en la organización de elecciones judiciales y 11 tienen esa misma elección, aunque parcial. En resumen, les exigen milagros a precio de ventas en liquidación.
Otro frente es de severa crisis normativa, como consecuencia del citado criterio asumido por el TEPJF acerca de que el proselitismo descarado y anticipado fue rebautizado legalmente como “trabajo de organización interna de los partidos”.
Al validar las “campañas de facto” como trabajos de organización, si omiten el llamado directo al voto, el TEPJF desarmó a los árbitros, que al iniciar las elecciones locales tendrán un colapso operativo, porque sus oficinas recibirán miles de denuncias de la oposición y los partidos de reciente registro, exigiendo retirar espectaculares, bardas y otro tipo de infracciones que califican “todavía” como actos anticipados en las leyes de los estados.
Lo que ocurrirá es predecible, los OPLEs, obligados por la jurisprudencia del TEPJF, tendrán que rechazar la mayoría de las quejas. La oficialía electoral usará sus mermados recursos en acudir a certificar mítines y localizar propaganda, generando expedientes que terminarán en archivo muerto.
El costo político no lo pagará el TEPJF, lo pagarán los OPLEs y sus asambleas en municipios y distritos, cuya credibilidad estará a merced de una percepción pública que los acusará de “árbitros omisos”.
El discurso oficial sugiere reiteradamente la conveniencia de desaparecer los OPLEs con el argumento de la “duplicidad de funciones”. La realidad demuestra lo contrario, porque al centralizar la organización, de decenas de miles de cargos municipales, distritales y comunitarios, en una sola estructura nacional, provocarán una sobrecarga de trabajo institucional catastrófica.
Asfixiar presupuestalmente a los OPLEs y dejarlos jurídicamente desprotegidos ante la simulación de los partidos políticos, es dinamitar los cimientos locales de la gobernabilidad democrática. Si el proceso electoral de 2027 se sale de control en algunas regiones, la culpa será de quien les quitó el silbato y de quien los envió a la cancha con los bolsillos vacíos.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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