GUANAJUATO- En agosto de 2019, 12 personas fueron detenidas en Silao, Guanajuato, acusadas de delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de droga para su venta.
Supuestamente elementos de la Agencia de Investigación Criminal atendieron una denuncia ciudadana. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) Delegación- Guanajuato tomó el caso. Varios defensores participaron en las diligencias para probar la inocencia de los imputados.
La Fiscalía pretendió relacionar a estas personas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, además ocultó y manipuló información. En los contrainterrogatorios, el IFDP exhibió las contradicciones de los agentes. Un elemento explicó que el nunca embaló armas, ya que todo lo que se aseguró lo vio por primera vez en las oficinas ministeriales. Asimismo, otro elemento afirmó que en el lugar se encontró dinero, pero los demás no refirieron dicha circunstancia ni tampoco se puso a disposición de la autoridad judicial los recursos económicos, de ahí la relevancia de la contradicción.
El juez acusó a la Fiscalía de omitir información relevante, sin que obre en registro, atentando contra el derecho fundamental de una defensa adecuada. Además, indicó que la Fiscalía no acreditó en la acusación, más allá de toda duda razonable, las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
El juez reconoció la labor de los defensores públicos federales al confirmar que esa detención masiva no aconteció en la fecha reportada. Así, dictó sentencia absolutoria a favor de todos y cada uno de los detenidos, ordenando su inmediata libertad el 22 de abril de 2021.
Juárez Hoy