Daniel Valles.- En México, cada vez que se habla de reforma electoral, alguien dice que es para “perfeccionar la democracia”. Y casi siempre termina siendo para acomodar el poder. Esta vez no es la excepción.
Hoy, la reforma electoral ya no es un documento en elaboración ni una discusión de expertos. Es un campo de batalla político. Y eso, de entrada, nos dice algo importante: lo que está en juego no son solo reglas, sino quién las escribe y para quién funcionan.
Hace unas semanas el discurso oficial era ordenado, casi quirúrgico:
reducir costos, hacer más eficiente al sistema, actualizarlo frente a nuevas tecnologías, corregir excesos. Todo sonaba razonable. Demasiado razonable. Pero conforme el proyecto avanzó, se cayó la careta de unanimidad.
Hoy vemos algo distinto: fracturas dentro del propio bloque gobernante, aliados incómodos, apoyos condicionados. El Partido Verde y el PT ya no levantan la mano automáticamente. Negocian. Regatean. Miden costos.
Eso nos dice que la reforma no está cerrada y que ni siquiera el oficialismo tiene claro hasta dónde quiere —o puede— llegar.
Del otro lado, la oposición hace lo que sabe hacer: bloquear y alertar.
Dice que la reforma es regresiva, que debilita al árbitro electoral, que concentra poder. Pero nada más. ¿Qué más puede hacer?
Puede exagerar, sí. Pero también pone sobre la mesa una verdad incómoda:
cuando el gobierno cambia las reglas del juego, siempre hay sospecha. Y no sin razón.
Y en medio aparece un actor que antes no estaba con esta fuerza: la sociedad civil organizada.
Propuestas alternas, exigencias de blindaje al INE, controles al dinero ilegal,
regulación de campañas digitales.
El debate dejó de ser exclusivo de partidos y burócratas. Ahora hay presión pública. Y eso incomoda a todos.
¿Qué dice el gobierno? Que no es una reforma autoritaria, que es austera, que responde al clamor ciudadano. Puede ser. Pero también es cierto que toda reforma electoral tiene efectos políticos, y quien gobierna hoy no puede fingir neutralidad frente a los beneficios que podría obtener mañana.
La pregunta no es si el sistema electoral es caro o imperfecto. Lo es.
La pregunta real es esta: ¿la reforma fortalece al ciudadano o fortalece al poder?
Porque una cosa es corregir excesos y otra muy distinta es reducir contrapesos. Una cosa es hacer más eficiente al árbitro y otra es hacerlo más dócil. Y esa línea, en México, siempre ha sido peligrosamente delgada.
Lo que viene será un debate duro, polarizado y ruidoso. En el Congreso, en los medios y en la calle. Y está bien que así sea. Las reglas de la democracia no se cambian en silencio ni con prisas.
La reforma electoral ya no se mide por lo que dice el dictamen,
sino por la confianza que genera. Y esa confianza, hoy, está en disputa.
Porque al final, más allá de partidos y discursos, hay una pregunta que no se puede evadir: ¿Estamos ante una reforma para que la democracia funcione mejor o para que el poder funcione más cómodo? Ahí está El Meollo del Asunto.
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