Carlos Angulo Parra.- Existe muchísimo desconocimiento en la población en general de nuestro país sobre la función del Poder Judicial, es por eso que populistas como el presidente actual se aprovechan para engañar al pueblo sobre la razón de sus pretendidas reformas al Poder Judicial.
El Poder Judicial es el que, en última instancia (es decir, ya no hay mayor decisión que la que el mismo Poder determine, a lo menos en el interior de la República Mexicana), administra la interpretación de la Constitución y vigila que se respeten los derechos humanos, a través del cumplimiento de la ley, resolviendo controversias entre el gobierno y los habitantes del territorio nacional y entre los particulares.
Con la reforma al Poder Judicial, lo que el Poder Ejecutivo (presidente de la República, con todas sus dependencias del gobierno federal) pretende hacer, es tener el control absoluto de la designación de ministros de la Corte, magistrados y jueces federales, así como los magistrados y jueces locales.
Con ello, quedará al arbitrio del Poder Ejecutivo, el determinar el sentido de las sentencias que dicten los juzgadores, tanto a nivel federal como a nivel local.
Claro está que no en todas las controversias, sobre todo las que se suscitan entre particulares, el gobierno va a tener interés en interferir. Sin embargo, la Reforma pretende destruir el entramado total del poder judicial existente, cambiando a todo el personal de la judicatura por personas inexpertas; por lo que, es de suponerse que habrá tanta corrupción como ineficacia en la determinación y solución de los conflictos entre particulares.
Con esto, el ciudadano común debe tomar en consideración que cada vez que se vea afectado en algún derecho por el que tenga que recurrir a los tribunales o se afronte ante un poderoso con contactos con el gobierno, se sesgará la resolución de su controversia, o una persona con el suficiente dinero para impulsar una sentencia a su favor, estará de antemano perdido en sus pretensiones.
Y, sobre todo, cuando haya una controversia con el gobierno, lo más seguro es de que será juzgada en favor de los intereses del gobierno, por parte del poder judicial, ya que les deberán la chamba a los funcionarios del gobierno.
Así, todos estaremos sujetos o a la inexperiencia de los jueces, a la corrupción, auspiciada por los poderosos o criminales, o a la voluntad del gobernante, pudiendo así perder nuestro patrimonio, nuestros ingresos, o nuestras libertades.
Por todo lo anterior, los primeros que pensaran dos veces en hacer inversiones en México serán los extranjeros, y los inversionistas nacionales preferirán sacar su dinero del país e invertir en otro lugar que les otorgue garantías. Con esto, habrá una fuga masiva de capitales que provocará crisis económica, devaluación e inflación, perdiendo la población beneficiaria de los programas sociales del gobierno la ventaja del dinero que reciben porque ya no valdrá para comprar lo indispensable. Pero, sobre todo, habrá pérdidas masivas de empleo y fuga de la población hacia los Estados Unidos.
Sí, en el siglo pasado tuvimos una situación en la que el gobierno dominaba también a los tres poderes, incluyendo al judicial. Sin embargo, siempre hubo ciertos grados de prudencia en el manejo y ejercicio del poder. Pero, cuando México entró a formar parte del bloque comercial de Norteamérica se le exigieron reformas para crear un auténtica división de poderes, las que se llevaron a cabo en la época del presidente Zedillo.
Nos encontramos en una coyuntura histórica gravísima, en la que todo lo que hemos logrado de avance democrático y de libertades será perdido, pudiendo tener un retroceso económico muy grande, con un grave riesgo de perder nuestras libertades y hasta nuestro patrimonio.
Francamente, no creo que al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum le convenga esto, como tampoco nos conviene a todos los mexicanos. Hagamos presión ciudadana para que esto no vaya a suceder, Pronto se anunciarán movilizaciones para presionar a nuestros legisladores para que no aprueben semejante barbaridad que nos afectará a todos.