Dr. Fernando A. Herrera M.- Jorge Romero encontró tiempo esta semana para corregir en público a una gobernadora de su partido. No lo encontró para recibir la carta de un militante preso en el Altiplano.
Bien por lo de Espino
El presidente nacional del PAN anunció que le llamará a Maru Campos para pedirle que revise el nombramiento de Claudia Arlett Espino como directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua. Hay que aplaudirlo. Espino fue secretaria ejecutiva del INE y una de las personas más cercanas a Guadalupe Taddei. Dejó el cargo, argumentando motivos de salud, un día antes de que arrancara el proceso electoral federal. Con el escándalo que hoy envuelve al INE, su paso por la Secretaría Ejecutiva tiene que aclararse antes de darle una oficina en el gobierno de Chihuahua.
Sea por presión de la prensa o por el ruido del caso Taddei, Romero hizo lo correcto. El problema es lo que no hizo esa misma semana.
Un colaborador para Jáuregui
El martes, Roberto Lara, Juan Blanco y René Sotelo llegaron a la sede nacional del PAN con una carta que César Jáuregui escribió a mano desde el penal. Iba dirigida al presidente nacional y a los legisladores del partido. Pedía algo sencillo: que el PAN se pronuncie y lo acompañe institucionalmente.
No los recibió Romero. Los recibió Santiago Taboada, secretario de Acción Política, quien, según el propio movimiento, les prometió “una estrategia nacional”. Sin fechas, sin responsables, sin abogados, sin un posicionamiento del dirigente. La comisión salió con más dudas que compromisos. La propia defensa habla de un silencio “sepulcral” del partido.
Para un militante con más de 30 años en Acción Nacional, que operó campañas y gobiernos del PAN, mandar a un colaborador es un mensaje. Y no es uno bueno.
Procesarlo, sí; en el Altiplano, no
Nadie pide impunidad. Que a Jáuregui lo procesen está bien. Él mismo asumió la responsabilidad política cuando renunció y su abogado reconoce que en El Pinal pudo haber omisiones.
Pero omisiones no son traición a la patria. Por lo que sí podría deberle a la ley, el ejercicio ilegal del servicio público, no tendría por qué estar preso. Ese delito no está en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Solo cabía la justificada y un juez de Chihuahua la negó por considerarla excesiva. Por eso salió libre del juzgado estatal.
Y por eso, minutos después, afuera lo esperaba la FGR con una orden por traición a la patria. Es un delito contra la seguridad de la Nación y, por mandato del artículo 19 constitucional, lleva prisión preventiva oficiosa: automática, sin que el juez pueda valorar si hace falta. Lo querían adentro y la traición fue el camino. Es una acusación que no se sostiene ni en la mente del abogado más inútil, pero cumplió su propósito: Jáuregui está en el Altiplano.
Ahí es donde le faltó sensibilidad al presidente del PAN. No se le pedía que declarara inocente a Jáuregui. Se le pedía que su partido exigiera debido proceso para uno de los suyos.
El archivo que nadie quiere abrir
La defensa pide que la presidenta ponga a disposición del juez la comunicación del gobierno de Estados Unidos sobre el operativo en El Pinal. Cree que ahí puede estar la prueba que lo exculpa. Si ese archivo dice lo que la defensa cree, desclasificarlo sería un harakiri para la presidenta Sheinbaum. Se le caería la acusación de traición que tanto ha presumido su gobierno.
El artículo 123 del Código Penal Federal exige probar actos contra la soberanía con la finalidad de someter al país a un gobierno extranjero. Aquí el objetivo era desmantelar un narcolaboratorio. Si hay otras acusaciones contra Jáuregui, como las de casinos o corrupción que se mencionaron en Palacio Nacional, que las presenten y que las prueben. Pero por El Pinal, acusarlo de traición a la patria es una soberana estupidez.
La misma velocidad
Romero tuvo razón con Espino, y ahí metió quinta. Ahora que meta la misma velocidad con Jáuregui: que los reciba, que diga si el PAN lo va a defender y que pida en voz alta lo que el partido ya sabe pedir cuando el acusado es otro: El debido proceso.
Y de pasada, pedir que se abra el archivo “convenientemente clasificado”.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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