Rafael Espino.- México enfrenta un serio desbalance en la producción de gas natural que altera la consecución de la tan ansiada soberanía energética. El consumo nacional ronda los 9,000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), mientras que la producción nacional apenas cubre el 25.5% de esa demanda. Esta brecha nos condiciona a importar el 75.5%, principalmente de Texas y Luisiana.
En una estricta lógica de mercado, somos muy afortunados de poder importar el gas más barato del mundo, obtenido como producto asociado de la tecnificada explotación de los yacimientos no convencionales, conocidos como “fracking”.
Mayor relevancia adquiere este dato, si consideramos que entre el 65% y 75% de la generación eléctrica del país se sustenta en el gas natural. De ahí el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Pemex, de promover la explotación en el país del gas natural a través del fracking. No obstante, para lograrlo se deben salvar muchos obstáculos operativos.
Mientras persista la concepción ideológica consistente en que, al entregar para su explotación, yacimientos de hidrocarburos a empresas privadas o extranjeras, estamos comprometiendo la soberanía nacional, difícilmente avanzaremos. Y esto debido a los múltiples obstáculos regulatorios que presenta nuestra normatividad vigente.
En efecto, si bien es cierto ya contamos con una regulación para el fracking en México, emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), esta debe actualizarse, por existir requerimientos de explotación obsoletos, que encarecen los procesos productivos y no hacen atractivo para las empresas el invertir en México.
Por otra parte, los famosos contratos mixtos, tampoco hacen atractiva una potencial participación de socios privados con Pemex. Difícil invertir cuando se condiciona a poner el dinero, asumir los riesgos y conceder que una vez cubierto el “impuesto para el bienestar”, el mayor porcentaje de la explotación sea para Pemex.
Nuestro gobierno debería comprender que lo importante consiste en maximizar la renta petrolera y no en quién se encargue de la explotación de un yacimiento en particular. Se entiende la renta petrolera como la diferencia entre los costos directos, indirectos y la utilidad del operador de un yacimiento de hidrocarburos y el resultado de la venta de los hidrocarburos extraídos en los mercados.
Para tener éxito, debemos cambiar radicalmente el ecosistema de inversión. Aumentar nuestra competitividad internacional.
Actualmente, perforar un pozo de lutitas en la Cuenca de Burgos es en promedio 30% más caro que en Texas, debido a la fragmentación de la red de gasoductos de recolección y a la escasez de infraestructura para el manejo de agua y arena de fracturas.
Esta ineficiencia se agrava en los campos terrestres del sureste del país, en los que los tiempos de perforación superan los 120 días, con costos promedio de 40 millones de dólares por pozo; contrastando drásticamente contra los 15 a 25 días y 12 millones de dólares que se promedia en la industria petrolera estadounidense.
El reto es muy grande y la tarea encomiable, pero mucho tendrá que cambiarse para lograr el objetivo deseado.