Dr. Fernando A. Herrera M.- El Gobierno Federal admitió lo más importante: los agentes estadounidenses que supuestamente participaron en el operativo de Chihuahua no tenían autorización. La presidente lo dijo sin rodeos y recordó que cualquier labor, incluso de capacitación, debe pasar obligatoriamente por la SRE y el propio Gobierno Federal.
La Ley de Seguridad Nacional es muy clara. Los agentes extranjeros únicamente pueden desempeñar funciones de enlace para intercambio de información, sin facultades para ejecutar o participar en operativos o aplicar nuestras leyes. Deben abstenerse de detenciones, cateos o cualquier acción que implique un ejercicio de autoridad. Y no tienen inmunidad, si violan la ley en territorio mexicano, deben ser sancionados conforme a las leyes nacionales.
Con esa ley en la mano, ¿qué hizo el gobierno? Los apercibió. Les dijo que, si querían quedarse, se portaran bien; si no, que mejor se fueran. Optaron por irse. La propia presidente confirmó la salida voluntaria de dos agentes de la CIA en la mañanera
Ella, o el Consejo de Seguridad Nacional, decidieron no aplicar la ley. Decidieron ser omisos. Las autoridades tienen la facultad de solicitar el retiro de un agente, pero esa facultad no cancela la responsabilidad penal. Se les pudo asegurar, tomar declaración, abrirles una carpeta por usurpación de funciones o por operar sin permiso. Eligieron no hacerlo.
Y viene el contraste. Mientras a los agentes extranjeros se les abrió la puerta, al mismo tiempo el oficialismo emprendió una ofensiva perruna contra la gobernadora María Eugenia Campos, a quien acusa de haberles permitido la entrada a esos agentes de la CIA sin informar al Gobierno Federal. Morena, incluso, impulsa una solicitud de juicio político por traición a la patria contra Maru.
Es decir: a los que violaron la ley se les perdona, ni se les toca con el pétalo de una flor, y se les deja ir. A la gobernadora que supuestamente permitió sus acciones, se le quiere quemar en leña verde.
Esa es la omisión. No es un error diplomático, es una decisión política: No tocar a Washington, aunque haya agentes operando fuera de la ley y sí usar todo el aparato contra una gobernadora opositora por el mismo hecho.
Si operar sin autorización es delito, se debió haber detenido a los extranjeros y, en su caso, investigar los hechos, incluso a la gobernadora. Si no lo hicieron como debió ser, entonces no vieron delito en los agentes y no tienen por qué sacar de la chistera el delito de traición ni nada que perseguir.
El gobierno no puede tener las dos cosas: impunidad para los agentes que supuestamente usurparon funciones y paredón para la gobernadora.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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