Dr. Omar Bazán Flores.- La nueva Ley General de Economía Circular (LGEC) representa una oportunidad estratégica para transformar el modelo productivo de México. Llega en un contexto de presión internacional para reducir residuos, aumentar la eficiencia energética y cumplir compromisos climáticos, mientras las cadenas globales de suministro exigen procesos más sostenibles para mantener competitividad frente a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.
La LGEC coloca a México entre los países de América Latina con marcos normativos más avanzados en economía circular, junto con Chile y Colombia. La experiencia regional deja lecciones importantes.
Chile promulgó su Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en 2016, pero su implementación fue gradual: el decreto sobre neumáticos entró en vigor hasta 2021 y el de envases estableció plazos de hasta 12 años. La principal enseñanza es que la transición requiere tiempos claros y realistas.
En Colombia, la Resolución 1407/2018 sobre envases y empaques tuvo que ajustarse posteriormente mediante nuevas disposiciones regulatorias. Esto demuestra que los modelos de economía circular necesitan mecanismos permanentes de revisión y adaptación.
México tiene la oportunidad de construir un modelo propio, ajustado a sus condiciones económicas y sociales. A diferencia de otros países, cuenta con amplias redes de recicladores de base y economía informal integradas al manejo de residuos. Bien incorporadas, estas estructuras podrían convertir al país en el primer modelo híbrido formal-informal de economía circular a escala nacional.
Actualmente, México genera más de 120 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y mantiene una tasa de reciclaje formal de apenas entre 10 y 12 por ciento. La LGEC busca superar una visión limitada al manejo de residuos para abordar el ciclo completo de vida de los productos, desde su diseño hasta su reutilización y reincorporación productiva.
Entre los instrumentos más relevantes de la ley destacan la Responsabilidad Extendida del Productor, el Análisis de Ciclo de Vida, el Registro de Gestión Circular, el Sistema Nacional de Economía Circular y los Organismos Coordinadores. El diseño normativo muestra alineación con estándares impulsados por la Unión Europea y la OCDE.
Sin embargo, el éxito de la ley dependerá menos de su aprobación y más de su implementación. Los principales retos serán la capacidad de los municipios para desarrollar infraestructura, la coordinación entre niveles de gobierno, la inclusión efectiva del sector informal y la generación de incentivos para que las empresas adopten modelos circulares sin perder competitividad.
Los próximos meses serán determinantes con la expedición del reglamento de la LGEC. Ahí se definirá si México logra convertir esta legislación en una política pública operativa o si queda únicamente como un avance normativo.
La diferencia entre una ley histórica y una oportunidad perdida dependerá de la capacidad del país para transformar la economía circular en una política industrial, ambiental y social verdaderamente funcional.