Un juez del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares como parte de la resolución de una demanda presentada por el gobierno estatal, que acusó a la empresa de generar una “molestia pública” y de no proteger adecuadamente a niñas, niños y adolescentes en sus redes sociales.
La resolución amplía una sentencia emitida en marzo pasado, cuando un jurado determinó que la compañía, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, era responsable de exponer a menores de edad a diversos riesgos, entre ellos el contacto con depredadores sexuales, por lo que ya había sido condenada a cubrir 375 millones de dólares en indemnizaciones.
Tras conocerse el nuevo fallo, Meta informó que impugnará la decisión judicial. La empresa aseguró que mantiene esfuerzos permanentes para reforzar la seguridad de sus plataformas y combatir a usuarios malintencionados, además de eliminar contenido considerado dañino.
Como parte de la sentencia, el juez impuso medidas adicionales que estarán vigentes durante los próximos cinco años para las cuentas de menores de edad en Nuevo México. Entre ellas destaca un límite de 90 horas mensuales de uso combinado de Facebook e Instagram para usuarios menores de 18 años.
La demanda fue presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de no implementar mecanismos suficientes para proteger a los jóvenes frente a los riesgos existentes en internet.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los algoritmos de la empresa favorecían que adultos encontraran contenido publicado por adolescentes y que Meta conocía, mediante estudios internos, los efectos negativos que sus plataformas podían tener sobre la salud y el bienestar de los menores.
El jurado concluyó previamente que la empresa incurrió en prácticas engañosas al ofrecer una percepción de seguridad que no correspondía con los riesgos reales que enfrentaban los menores al utilizar sus servicios.
De acuerdo con la resolución, parte de los 567 millones de dólares se destinarán a financiar tratamientos de salud mental, así como programas de prevención, educación y concientización para reducir los peligros que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. El pago deberá realizarse en un periodo de cinco años.
