Dr. Fernando A. Herrera M.- Del colapso del INSABI a la opulencia sindical: el mercado negro de la salud. El discurso de la transformación de la salud pública en México prometió un ecosistema médico de estándares escandinavos. Sin embargo, la historia de los sistemas de salud entre 2018 y 2026 se describe mejor si repasamos el desmantelamiento del sistema de salud, la improvisación administrativa y el uso criminal de recursos públicos por parte de cacicazgos sindicales.
Mientras, las familias de los pacientes salían a las calles a reclamar fármacos básicos y saturan los pasillos de las instituciones porque no hay espacio, ni camas, ni material de curación, mucho menos medicinas.
I. El experimento fallido: La liquidación contable del INSABI
La primera gran fractura del modelo sanitario contemporáneo se abrió con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Concebido como el instrumento idóneo para centralizar las compras consolidadas y erradicar la intermediación, el INSABI devino rápidamente en un gigantesco agujero negro presupuestal.
Durante su efímera existencia, el instituto drenó los ahorros históricos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), un fideicomiso blindado para atender enfermedades catastróficas como el cáncer infantil y el VIH.
De los 114 mil millones de pesos que el fondo reportaba en saldo neto en 2018, la institución devoró más del 75% mediante transferencias masivas e injustificadas a la Tesorería de la Federación (Tesofe), perdiéndose el rastro del dinero en la “licuadora” del gasto corriente del gobierno federal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó un esquema de desatención sistémica: el INSABI dejó un boquete de 3,643 millones de pesos en medicamentos pagados que jamás llegaron a los almacenes estatales. El colapso del suministro no fue un tropiezo logístico, sino un daño patrimonial institucionalizado.
Cuando el fracaso se volvió insostenible, el decreto de su extinción apurada fue como un mecanismo de borrón y cuenta nueva.
El traslado exprés de sus funciones al IMSS-Bienestar buscó sepultar las auditorías insalvables y heredar a un instituto saturado, la carga de atender a más de 50 millones de mexicanos arrojados a la desprotección médica.
II. El asfalto y el insulto: La criminalización del dolor
La traducción humana de las cifras de la auditoría federal se reflejó en las salas de espera de oncología pediátrica. Al vetar a las distribuidoras nacionales bajo la bandera del combate a la corrupción, sin tener una red de distribución alterna, el INSABI dejó en ceros los inventarios de fármacos críticos como la vincristina, la ciclofosfamida y el imatinib.
Ante el silencio de las delegaciones médicas, los padres de niños con cáncer convirtieron el asfalto de las calles en su última trinchera. Las imágenes de decenas de familias bloqueando los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), encadenándose a las banquetas bajo el rayo del sol con pancartas que rezaban “Quimioterapias Ya”, dieron la vuelta al mundo. La desesperación civil colapsó las principales vías de comunicación del país en múltiples ocasiones.
La respuesta del núcleo del poder sanitario no fue la empatía ni la corrección logística, sino la infamia y la descalificación.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, catalogó las protestas legítimas de las familias como una “campaña golpista” orquestada por la derecha internacional y los monopolios farmacéuticos, reduciendo las muertes de los infantes a una “telenovela” de manipulación política.
El Estado no solo desabasteció a sus ciudadanos; criminalizó su derecho al luto y a la exigencia. En respuesta, las organizaciones de padres escalaron el conflicto ante la Fiscalía General de la República (FGR), interponiendo denuncias penales por los delitos de genocidio y comisión por omisión en contra de la cúpula presidencial y de salud. Sin éxito.
III. El oasis de la opulencia: La Sección VIII del SNTSS
Mientras los padres marchaban en la capital del país mendigando una dosis de quimioterapia y los médicos de base denunciaban trabajar sin tóners, papelería, sábanas ni material de curación elemental, en el norte del país la realidad sindical se convirtió en la suntuosidad corporativa.
En Chihuahua, específicamente en la histórica zona minera y comercial de la “Capital del Mundo”, la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) opera como un feudo medieval inmune a las proclamas de austeridad institucional.
El operador Adrián Ballesteros, alias “Chayán”, celebró recientemente la fiesta de quince años de su hija echando la casa por la ventana, en un despliegue de derroche que se extendió hasta las cinco de la mañana, amenizado por grupos de banda, banquetes masivos y menudo al amanecer.
Este oasis de riqueza en medio del desierto de insumos hospitalarios se financia con el negocio más rentable de la periferia: el mercado negro de plazas laborales. Fuentes internas y expedientes de investigación revelan que las propuestas oficiales para presentar el examen de ingreso y asegurar un puesto en el IMSS se cotizan en un tabulador ilegal que oscila entre los $60,000.00 y los $75,000.00 pesos por plaza.
El esquema no es la acción aislada de un gestor de base; se trata de una red verticalmente integrada. Quien opera, autoriza y avala este remate de plazas es el propio secretario general de la Sección VIII, Jorge Herrera Navarro. La meritocracia y los discursos de transparencia quedan reducidos a cenizas ante el peaje en efectivo que exige la dirigencia seccional.
IV. El pacto de impunidad norteño: El dinero de las plazas va a la campaña
El mercado negro de plazas en la Sección VIII no es un engranaje suelto destinado al enriquecimiento exclusivo de Jorge Herrera Navarro y su operador Adrián Ballesteros “Chayán”. El flujo constante de billetes de 60,000 y 75,000 pesos cobrados en efectivo a los aspirantes a enfermeros, técnicos y administrativos, funciona como una colosal caja chica de financiamiento político fuera del radar de los órganos de fiscalización electoral.
Denuncias del propio personal médico y fuentes del núcleo del sindicato revelan que la dirigencia de la Sección VIII del SNTSS se ha vendido por completo con Cruz Pérez Cuéllar, el poderoso alcalde de Ciudad Juárez y actual coordinador estatal de Morena en Chihuahua, quien ya perfila su estructura rumbo a la gubernatura del estado.
El pacto de impunidad es bidireccional y milimétrico: el sindicato de Herrera Navarro pone a disposición de Pérez Cuéllar la movilización de las bases gremiales, los votos del personal de salud en los 67 municipios y el flujo de efectivo ilegal generado por el remate de plazas.
A cambio, el proyecto político del puntero juarense garantiza blindaje político total, impunidad ante las delegaciones institucionales y el congelamiento de cualquier carpeta de investigación incómoda. La salud y el derecho al trabajo de los chihuahuenses se convirtieron, formalmente, en la moneda de cambio para financiar la carrera por el poder en Chihuahua.
V. Triangulación de recursos: El negocio de las carencias
La red de corrupción de la Sección VIII encontró la manera de convertir las deficiencias operativas del propio IMSS en un negocio redondo de proveeduría privada.
Ante la parálisis del centralismo del instituto, que es incapaz de surtir mobiliario básico para las clínicas regionales, el sindicato interviene de forma perversa.
El mecanismo de triangulación funciona con precisión: liderazgos sindicales adquieren de manera particular insumos críticos como sillas, escritorios, mesas o equipos de aire acondicionado tipo minisplit. Estos bienes se ingresan de forma externa a las áreas médicas y administrativas para paliar las quejas de los trabajadores de la sección.
Posteriormente, el Instituto Mexicano del Seguro Social reembolsa estos conceptos a la dirigencia de Jorge Herrera mediante un esquema de refacturación a sobreprecio. El desabasto institucional se convierte así en el motor de riqueza de sus dirigentes: el sindicato le vende al IMSS —a precios inflados— lo que el propio IMSS debería proveer mediante licitaciones transparentes.
VI. El secuestro patrimonial y la pinza del control
La vulnerabilidad del trabajador de la salud se completa con el control discrecional de las prestaciones de vivienda. Aunque los empleados del instituto gozan de derechos consagrados para el acceso a créditos hipotecarios de interés social y asignación de vivienda, la interacción con fondos como el FOVISSSTE y las carteras sindicales comparte la misma patología clientelar.
Los créditos no se asignan por puntaje o necesidad real, sino que se integran a la canasta de negociación y sumisión política de la sección sindical. La liberación de un crédito para una vivienda digna pasa forzosamente por el filtro de la lealtad a la estructura de Jorge Herrera y sus operadores.
El ecosistema de captura es total: para ingresar al sistema de salud el aspirante debe pagar una cuota forzosa de hasta 75,000 pesos; para trabajar sin represalias debe aceptar la falta de insumos; y para consolidar un patrimonio familiar debe subordinarse al arbitrio de la dirigencia gremial.
La salud pública mexicana no se encuentra en sus presupuestos ni en sus leyes, sino en la perversión de su diseño operativo. Es un sistema donde conviven, de forma obscena, el rostro de un padre llorando en el asfalto frente a un aeropuerto por la falta de una quimioterapia y el rostro de un líder sindical brindando con una banda a las cinco de la mañana, cobijado por el manto de la impunidad y financiado con el dinero de las plazas vendidas y el sobreprecio de las sillas que le refactura al propio Estado.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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