Dr. Fernando A. Herrera M.- El pasado domingo, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó por unanimidad, la adscripción de 846 juzgadores federales electos en la jornada del 1 de junio y que a partir del lunes trabajarían, pero como eran días festivos el 15 y el 16 de septiembre, empezaron hasta el miércoles.
Sin embargo, hay reclamos airados de juzgadores que compitieron en Jalisco y fueron enviados al Estado de México. O el caso de los de Guerrero que tuvieron que irse a un juzgado en Chiapas.
Ahora hay juzgadores que tendrían que cambiar su residencia y modificar su vida y la de sus familias por las decisiones bajo presión del domingo.
También entrarían como guardia desde el 15 de septiembre a las 8:30 horas si acaso resolvieron lo intempestivo del aviso ayer a las 15:00 horas, por cierto, sin conocer personal ni detalles del órgano al que van.
Las posiciones de poder son el otro lado del problema. Hay demasiadas manos y mentes metidas en ese tema y no pretenden ayudar a la presidente.
Como pueden ver, Chihuahua solo es un botón del complicadísimo sistema de elección popular que implica retos que todos dijimos, pero nadie lo escuchó. Y los que lo hicieron doblaron rodilla ante el gobierno, a cambio de manejar el Poder Judicial de su estado.
En el caso Chihuahua, los espacios de poder se pelean con vistas al 2027 y no, necesariamente, al igual que en el Gobierno Federal, para apoyar a quien manda.
Si en el terreno federal las cosas son difusas, pero no hay –o no debía haber–, razón para serlo aquí en el estado.
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