Dr. Omar Bazán Flores.- La publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión de la Ley General de Economía Circular, una reglamentación que promoví a nivel estatal y que se aprobó en agosto del año 2024 en el Congreso Local, significa un gran logro para México.
Es digno de reconocer este marco regulatorio que se alinea a las prácticas internacionales y formaliza la gestión de residuos bajo criterios y estrategias medioambientales, pero homologa las leyes estatales, como en el caso de Chihuahua, donde hemos dado grandes pasos.
Quiero comentar que la propuesta plantea la redefinición de “residuo”, con objeto de lograr el máximo aprovechamiento en el reciclado.
Estamos hablando que la legislación busca el reúso de residuos y también se cuenta con un apartado que establece la responsabilidad social de las empresas, con el fin de que asuman los costos de remediación por la contaminación en procesos productivos.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El objetivo de la Ley de Economía Circular es cuidar y conservar el medio ambiente mediante políticas y mecanismos para incrementar la vida útil de los productos, focalizando la política a una participación social y empresarial.
Se busca establecer la concurrencia de atribuciones entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
En la propuesta se plantea una nueva definición de residuo, con objeto de lograr el máximo aprovechamiento en el reciclado y reúso de desechos.
Por lo que buscan considerar como residuo “al material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido”. También contempla si es “un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final”.
Otro punto importante es que se busca definir es el aprovechamiento de los desechos, con objeto de “maximizar la vida útil de los productos, la valorización de los residuos y garantizar la menor huella ambiental posible”.
Asimismo, incluye un apartado para establecer campañas intensivas de separación habitacional de residuos, que fomente el consumo responsable y compactos sistemas de acopio y devolución.
Ley de Economía Circular, presentada en San Lázaro, considera estímulos fiscales a las empresas que permitan cumplir la transición hacia una economía circular.
Esto, debido a que “transitar de un modelo lineal de producción hacia una economía circular implica costos de cumplimiento, especialmente para el sector productivo nacional”. Por lo que el cambio de modelo gradual y diferenciado requiere del fomento estatal como apoyo estratégico.
Sólo falta que la ley enviada este 20 de noviembre sea revisada y aprobada por la Cámara de Senadores y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para festejar este gran logro.