Rafael Espino.- El pasado viernes 17 de octubre la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 349 votos a favor, 128 en contra y sin abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, la cual estima una recaudación total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp) los que representan 891 mil 667 mdp más que la prevista para 2025.
Esta ley autoriza un endeudamiento neto interno de hasta 1.78 billones de pesos y externo de hasta 15,500 millones de dólares. El déficit fiscal autorizado equivale al 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB).
El paquete económico aprobado que integra a la Ley de Ingresos 2026, prevé un crecimiento de entre el 1.8% y el 2.8% del PIB, con un tipo de cambio promedio de $19.30 pesos por dólar y un precio del barril de petróleo de 54.9 dólares.
Si bien se argumenta que la Ley pretende consolidar una recaudación eficiente y responsable, así como mantener la sostenibilidad fiscal sin aumentar impuestos, fortaleciendo el gasto público productivo, en infraestructura, seguridad social y transición energética, lo cierto es que se contemplan incrementos importantes de tasas en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), a productos como refrescos, cigarros, sueros orales que no cumplan con normas de la Organización Mundial de la Salud, juegos de azar y videojuegos que se consideren de contenido violento.
La Ley de Ingresos contempla un aumento en la recaudación tributaria con respecto del PIB del 14.8% en el 2025 al 15.1% en el 2026, todavía muy lejos de los porcentajes recaudatorios de economías similares a la nuestra. Esto lo sustentan principalmente en el aumento a los impuestos a la importación y al IEPS en los productos señalados.
En el mejor de los casos, estas proyecciones resultan muy optimistas y alejadas del aumento real proyectado del PIB. Y como ya lo he señalado en colaboraciones anteriores, la luz de alarma continúa en que no obstante los mayores ingresos tributarios, que se han visto complementados con la utilización de los ahorros del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el dinero del que se dispuso de los fideicomisos extinguidos y ahorros en el ejercicio del gasto, lo preocupante es el incremento exorbitado en el gasto neto presupuestal, el cual aumentó en 3.6 billones de pesos, mientras los ingresos presupuestarios solo lo hicieron en 2.8 billones de pesos durante el sexenio pasado, por lo que el déficit presupuestal, a pesar de los mayores ingresos aumentó en 800 mil millones de pesos en el último año del sexenio pasado.
Y los déficits presupuestales invariablemente se cubren con mayor deuda pública. Si bien el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recortó el gasto público en su primer año de gobierno, para el 2026 de advierten nuevos aumentos, lo que provocará mayor endeudamiento, con un costo que deberá ser pagado necesariamente por las generaciones futuras, rompiéndose la promesa política de que la deuda pública no se incrementaría.