Carlos Angulo Parra.- Es increíble que en América Latina, incluyendo a México, tengamos en realidad dos sistemas jurídicos; uno formal y el otro informal. Dentro del sistema formal debemos pagar impuestos, pagar el salario mínimo, pagar las cuotas del Seguro Social e Infonavit y pedir todo tipo de permisos para operar un negocio.
Mientras en el sistema informal abrimos un negocio sin tener que pedir permiso al gobierno (a veces sí al líder sindical o de la colonia o al extorsionador del crimen), pagamos los salarios que se nos dé la gana y que sea aceptable para quien lo recibe conforme al mercado laboral y no se pagan impuestos ni prestaciones laborales, no se obtienen registros y se opera libremente sin traba alguna.
Por desgracia, el crimen organizado, en muchos aspectos se ha aprovechado de esto y cobra extorsiones a múltiples negocios que están operando en la informalidad. Por lo que si se paga el monto de las extorsiones, ese dinero va a fomentar actividades ilícitas que a la postre perjudicarán al negocio y a la sociedad entera.
Las estadísticas sobre la informalidad a nivel del Latinoamérica son impactantes.
La informalidad laboral en América Latina sigue siendo uno de los desafíos estructurales más grandes de la región. El promedio regional ronda en el 50% de los trabajadores, pero con enormes diferencias país por país.
La OIT publica rangos y tendencias; los valores son aproximaciones basadas en los informes regionales y comparativos.
País Nivel estimado de informalidad:
Bolivia.- 80%, Uno de los más altos de la región; tiene un predominio de microempresas y autoempleo.
Perú.- 75% de informalidad estructural, especialmente en comercio y servicios.
Honduras.- 70% Mercado laboral frágil, baja formalización empresarial.
Guatemala.- 70% Alta informalidad rural y urbana.
Paraguay .-65% Informalidad persistente en sectores urbanos.
El Salvador.- 60% Ha bajado ligeramente tras la pandemia.
México.- 55% Reducción gradual; formalización ligada a manufactura y servicios.
Colombia.- 55% de Informalidad urbana alta; avances en 2025–2026.
Ecuador.- 50% Estabilidad en niveles medios de informalidad.
Brasil.-40 a 45% Reducción sostenida por crecimiento del empleo formal.
Argentina.- 40% Informalidad moderada, aunque con variaciones por sector.
Chile.- 30%. Uno de los niveles más bajos; mercado laboral más formalizado.
Uruguay 25%.= El país más formal de la región; fuerte institucionalidad laboral.
Ahora bien, la noticia que más me impactó el día de hoy, publicada en el periódico Reforma, consiste en que la recaudación fiscal de impuestos sobre la renta bajó un 52.2%, en la participación de los ingresos tributarios.
Esto se da principalmente debido a al incremento de los salarios mínimos que han subido un 118% desde 2018.
Esto ha tenido efectos positivos, como:
- Mayor poder adquisitivo, reducción de pobreza laboral, pero también efectos fiscales complejos: como el desplazamiento de trabajadores hacia esquemas informales para evitar cuotas patronales más altas.
- Aumento del costo laboral formal, especialmente en microempresas, que optan por no registrar empleados.
- Reducción del margen de ISR en los niveles bajos, porque muchos trabajadores formales ahora están en rangos exentos o mínimos.
En conclusión, para que un país prospere necesita un orden jurídico sólido e institucionalizado, en el que todos los ciudadanos, sin excepción, operen dentro del Estado de Derecho. Si las condiciones socioeconómicas no lo permiten, deben crearse regímenes especiales de excepción para personas y actividades económicas con características específicas.
México tiene una gran oportunidad de diseñar un marco jurídico especial para quienes hoy operan en la informalidad, otorgando a los estados facilidades y facultades para regularla y aprovechar los ingresos tributarios que genera una actividad que ya representa más de la mitad de nuestra economía.