Carlos Villalobos.- A veces un problema deja de ser solamente un problema de gobierno y se convierte en una prueba de coherencia política y lo que está ocurriendo en Jalisco con el agua es uno de esos casos, ya que después de meses de reportes, protestas, quejas, estudios ciudadanos y advertencias, el gobierno de Movimiento Ciudadano terminó reconociendo que Guadalajara y su Zona Metropolitana enfrentan una crisis de agua potable “como nunca antes”, al mismo tiempo que anuncia una reducción del suministro de hasta 2.5 metros cúbicos por segundo durante al menos seis meses.
Lo interesante no está únicamente en la gravedad de lo que ocurre, sino en cómo se llegó hasta aquí. La crisis actual no apareció de un día para otro. El propio gobierno estatal reconoce que durante años se dejaron de hacer inversiones necesarias para actualizar la infraestructura de potabilización y que el sistema antiguo de abastecimiento de Chapala ya rebasó su vida útil. Eso obliga a mirar más atrás y recordar que Jalisco lleva varios gobiernos de Movimiento Ciudadano, primero con Enrique Alfaro y ahora con Pablo Lemus, y que muchas de las obras que hoy vuelven a presentarse como soluciones a largo plazo llevan años formando parte de la discusión pública.
De hecho, hay una ironía difícil de ignorar, porque en 2017, Enrique Alfaro ya advertía que el Área Metropolitana de Guadalajara enfrentaba un déficit importante de agua y cuestionaba que proyectos como El Zapotillo fueran presentados como la solución definitiva. Años después, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó esta semana que durante la administración de Alfaro estaba previsto construir un acueducto para complementar las obras hidráulicas, pero finalmente esa infraestructura no se construyó. Ahora, bajo el gobierno de Pablo Lemus, la propuesta vuelve a ser un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara que podría tardar dos años en construirse.
Es aquí donde aparece la contradicción política que resulta difícil no señalar, ya que Movimiento Ciudadano construye buena parte de su identidad pública alrededor de la ciudadanía, de la participación, de la movilización y de la idea de que los gobiernos tenían que escuchar lo que ocurría en la calle. Pero hoy son precisamente los ciudadanos quienes llevan meses intentando que su gobierno escuche un problema que ya no necesita demasiadas explicaciones: basta abrir una llave.
Desde marzo comenzaron a documentarse problemas con el agua en distintas colonias de Guadalajara y su zona metropolitana. En julio, organizaciones y colectivos realizaron jornadas de movilización, reunieron firmas y llevaron una queja colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por posibles afectaciones al derecho humano al agua, la salud y el medio ambiente. Esa queja estuvo respaldada por más de mil firmas y alrededor de 950 denuncias ciudadanas relacionadas con la calidad del suministro.
La ciudadanía construyó expedientes, realizó monitoreos, acudió a las instituciones y buscó incluso los mecanismos legales disponibles para presionar. La propia CEDHJ ya había abierto investigaciones y recibido decenas de quejas durante el año por problemas relacionados con la calidad del agua, fugas, falta de servicio y otros aspectos del funcionamiento del SIAPA y, aun así, el problema llegó a octubre.
Mientras la ciudadanía acudía a la Comisión de Derechos Humanos, realizaba estudios, organizaba movilizaciones y advertía que el problema no podía resolverse solamente con garrafones o medidas temporales, la respuesta institucional seguía siendo principalmente administrativa. Comparecencias que no se concretaban, explicaciones que cambiaban y promesas de que la situación mejoraría en determinadas fechas.
En los últimos días, vecinos de distintas colonias bloquearon avenidas y hasta afectaron parcialmente el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero para exigir agua limpia. En una de esas movilizaciones, en El Sauz, fueron desplegados elementos antimotines con cascos, escudos y toletes. La explicación oficial fue que se buscaba preservar la integridad de los manifestantes y evitar confrontaciones con automovilistas, pero el hecho permanece: ante una protesta provocada por un servicio público esencial, la respuesta también incluyó presencia policial antimotines.
Justo la imagen anterior, revela a un gobierno que llegó al poder hablando de ciudadanía mientras que hoy tiene ciudadanos en la calle reclamando algo tan elemental como agua limpia, mientras policías antimotines aparecen para contener una protesta que no nació de una consigna partidista, sino de una llave que no funciona como debería.
La crisis terminó siendo imposible de administrar solamente desde la comunicación, porque el agua sucia llega a las casas. Por eso el debate de fondo no debería reducirse a si Pablo Lemus tiene razón al señalar al sistema antiguo de Chapala, a las descargas irregulares o a la falta de infraestructura, todo eso puede formar parte de la explicación técnica, la pregunta que importa es: ¿por qué un problema que llevaba años identificado terminó necesitando una crisis para convertirse en una prioridad inmediata?
Gobernar significa decidir qué problemas no pueden seguir pateándose hacia adelante y el agua es quizá el peor de todos para hacer eso. El agua no puede faltar, si falla, las familias lo saben inmediatamente y cuando llega contaminada no hay narrativa que alcance para convencerla de lo contrario.
El domingo viene otra movilización, la sociedad civil ha convocado nuevamente a salir a las calles y la discusión ya no parece depender de si el gobierno quiere que exista o no. La crisis está ahí y no da señales de reaccionar de acuerdo a lo que se necesite.
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