German Gez.- La disculpa pública que el juez Víctor Manlio Hernández Calderón impuso al excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, dejó un mal sabor de boca a quienes esperaron este acto durante dos años y medio.
Por los gestos del excomisionado, era evidente que lo hacía solamente para poder recibir la suspensión provisional del proceso en su contra. Pero ni siquiera en ese acto, celebrado en la Ciudad de México y no en Juárez, como se esperaba, Garduño aceptó su culpabilidad.
Señaló que hubo omisiones institucionales, “de otros”, no suyas, cuando debería ser él quien garantizara que todas las estaciones migratorias del país dieran un trato digno a los extranjeros.
En cualquier otro país del mundo, tras un hecho de esta magnitud que dejó 40 personas sin vida y 27 lesionadas, cualquier funcionario público hubiera renunciado, nomás por tantita vergüenza, pero no fue este el caso. Siguió en su puesto público para evitar ir a prisión.
A lo largo de dos años, Garduño no sólo no renunció a su cargo, sino que, amparado por su investidura, pagó sus abogados con recursos del erario. Ni siquiera pagó de su bolsillo el despacho de abogados para su defensa, pues lo hizo con dinero público.
Cada vez que venía a Juárez citado por el juez Hernández Calderón, los periodistas lo interrogaban sobre lo sucedido: “no es momento de hablar al respecto”, contestaba siempre el funcionario con una frialdad absoluta, como si 40 vidas no tuvieran ningún valor.
Después de su “muestra de arrepentimiento”, leída la noche del viernes, varios periodistas se acercaron nuevamente al excomisionado para conocer sus impresiones. Esta vez, ni siquiera respondió, simplemente volteó la cara y con la soberbia que lo caracteriza ignoró las preguntas de los comunicadores.
Mientras tanto, colectivos de defensa de migrantes y refugiados, se pronunciaban en Ciudad Juárez para exigir reparación integral del daño para las víctimas, no de un incendio en la estación migratoria, sino de un funcionario ladino y de un Estado indolente que sigue sin reconocer que 15 mujeres que estaban en el mismo lugar y que lograron salir con vida, no han sido consideradas como víctimas de este incendio.
“A todos les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daños causados a ustedes y sus familias que vieron cambiar su vida para siempre”, palabras pronunciadas por Garduño Yáñez, suenan vacías, sin sentido, cuando los familiares de las víctimas siguen esperando justicia y cuando hacen parte de un libreto para justificar al exfuncionario público.
Han pasado dos años y medio desde esa noche del 27 de marzo de 2023, cuando el infierno se desató al interior de la estación migratoria ubicada a pocos metros de la línea fronteriza y desde entonces, se ha esperado justicia.
Y se seguirá esperando, porque una “disculpa” pública no va a regresarle la vida a 40 personas que solo buscaban una vida mejor, porque esa “disculpa” forzada ni siquiera alivia el dolor de las familias afectadas y porque Francisco Garduño Yáñez ni siquiera ha querido asumir su responsabilidad en los hechos. La disculpa de Garduño duele más que el incendio en la estación migratoria.