Lic. Héctor Molinar (Facilitador Privado número 24).- Hay un país que todos vemos diariamente, pero que muchas veces preferimos ignorar.
Es el país de las niñas y los niños que trabajan en los cruceros bajo el sol inclemente, limpiando parabrisas, haciendo malabares o vendiendo dulces mientras los automóviles esperan el cambio de luz. Es el país de los pequeños que piden una moneda con la mirada baja, de los bebés que permanecen durante horas en brazos de sus madres indígenas en las banquetas, muchas veces dormidos por el agotamiento, el calor o el hambre. Es el país de quienes crecieron demasiado pronto porque la pobreza les robó la posibilidad de vivir una infancia.
Con frecuencia pasamos junto a ellos y seguimos nuestro camino. Algunos entregan una moneda. Otros simplemente vuelven la vista hacia otro lado. Poco a poco hemos terminado por considerar normal una realidad que jamás debió normalizarse.
Pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos piensa de manera distinta. El artículo 4º establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado deberá velarse y cumplirse con el principio del interés superior de la niñez. Esa disposición no es una frase decorativa ni un ideal inalcanzable. Es un mandato jurídico que obliga a todas las autoridades y que también interpela a toda la sociedad.
Las niñas y los niños no son responsabilidad exclusiva de sus padres. Son responsabilidad de todos.
Cuando un menor de edad pasa horas exponiéndose al tránsito vehicular para vender dulces o pedir limosna, no estamos frente a una expresión de cultura o de necesidad económica solamente. Estamos frente a una alerta de que el Estado, la comunidad y muchas veces nosotros mismos hemos fallado en proteger a quien menos puede defenderse.
Hace apenas unos días conocimos la dolorosa noticia de un adolescente vendedor ambulante, en las inmediaciones del puente internacional Córdova-Américas, en Ciudad Juárez, que fue atropellado por un joven de diecinueve años de nacionalidad estadounidense que, según la información difundida, intentó huir del lugar.
Desafortunadamente el adolescente murió. Más allá del desarrollo legal del caso, la pregunta que debería inquietarnos es otra: ¿por qué un niño tenía que encontrarse trabajando en una zona de alto riesgo para ayudar a sostener a su familia?
Esa pregunta revela una realidad mucho más profunda que un accidente de tránsito.
Nos obliga a reflexionar sobre la enorme distancia que existe entre los derechos que reconocen nuestra Constitución y los derechos que verdaderamente disfrutan miles de niñas y niños mexicanos.
No basta con reconocer el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud o a una vida libre de violencia. Es indispensable hacerlos realidad.
La pobreza nunca puede convertirse en justificación para aceptar que una niña o un niño crezcan en condiciones de riesgo permanente.
La necesidad económica tampoco debe ser pretexto para que la autoridad permanezca inmóvil.
Proteger a la infancia significa prevenir antes de lamentar.
Significa detectar oportunamente situaciones de vulnerabilidad.
Significa ofrecer alternativas reales a las familias.
Significa actuar antes de que ocurra una tragedia.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte, establece que el interés superior del menor debe constituir una consideración primordial en todas las medidas que adopten las instituciones públicas y privadas. Esa obligación alcanza a jueces, ministerios públicos, policías, autoridades administrativas, escuelas, hospitales y sistemas de asistencia social. Pero también nos alcanza como ciudadanos.
No podemos acostumbrarnos a ver a la infancia desde la indiferencia.
Una sociedad que permite que sus niñas y niños sobrevivan en las calles termina perdiendo una parte esencial de su propia humanidad.
No se trata únicamente de combatir la pobreza. Se trata de comprender que cada niño que abandona la escuela para trabajar, cada pequeña que pide limosna en un crucero, cada bebé expuesto durante horas al calor extremo y cada menor víctima de violencia, representan un fracaso colectivo que ninguna democracia debería aceptar como inevitable.
Proteger a la infancia no es un acto de caridad. Es una obligación constitucional. Es un deber moral.
Y, sobre todo, es la inversión más importante que puede hacer una nación que verdaderamente aspire a un futuro con justicia.
Porque el progreso de un país no se mide únicamente por el crecimiento de su economía o por la construcción de nuevas obras públicas. Se mide, sobre todo, por la manera en que trata a quienes todavía no pueden defenderse por sí mismos.
Mientras exista una sola niña o un solo niño obligado a cambiar su infancia por la supervivencia, la deuda constitucional con la niñez mexicana seguirá pendiente.