Aída María Holguín Baeza.- Hasta el momento, los datos completos sobre el gasto en publicidad oficial de 2024 no han sido publicados, lo cual no es solo un retraso, sino señal de cómo se sigue manejando un recurso que debería estar al servicio de la ciudadanía. Por ello, lo que está en juego es la transparencia, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
ARTICLE 19 ha denunciado que la omisión corresponde a diciembre de 2024, mes clave en el sexenio de AMLO, ya que fue el periodo en que se concentró la mayor parte del gasto en publicidad oficial y, sin esta información, es imposible evaluar si el gasto fue legítimo o político.
Eso explica por qué la Ley General de Comunicación Social de 2018 fue, en realidad, un intento fallido de regulación. La ley nació para legalizar malas prácticas, no para erradicarlas, y en siete años no ha sido reformada en lo sustancial ni ha logrado una rendición de cuentas efectiva; por el contrario, se convirtió en herramienta de simulación jurídica.
Por eso, desde hace tiempo, se ha advertido que no basta con transparentar cifras; lo esencial, lo verdaderamente transformador, es acabar con el uso de la publicidad oficial como fuente de financiamiento de grandes medios, ya que perpetúa un círculo en el que estos dependen del gobierno y son premiados o castigados según su alineación editorial.
La opacidad en los criterios, la concentración del gasto en unos pocos medios y la falta de voluntad política para cambiar las reglas del juego constituyen una vulneración directa al derecho a la información y, por ende, a los cimientos mismos de la democracia. Bien lo dijo ARTICLE 19: cuando la publicidad oficial se usa de manera opaca y discrecional, deja de ser un canal legítimo de comunicación pública y se convierte en propaganda disfrazada.
Estamos, pues, ante un escenario que no solo demanda una estricta rendición de cuentas, sino también un compromiso ético y político genuino. El control político de los mensajes, la ausencia de reglas claras y la falta de transparencia son síntomas de un patrón persistente que erosiona las bases democráticas y socava la confianza ciudadana.
Hoy más que nunca es necesario exigir la publicación inmediata de los datos faltantes, pero también levantar la voz por una reforma profunda y alineada con los estándares internacionales en libertad de expresión, como los establecidos por la CIDH desde 2011, y que responda a las verdaderas necesidades de una sociedad plural, crítica e informada.
Mientras eso no ocurra, seguiremos viviendo en una democracia con pies de barro, donde la libertad de expresión está condicionada al presupuesto y donde el derecho a la información sigue siendo una promesa sin cumplir.
A modo de resumen, finalizo citando lo dicho por Pablo Secchi y Rosario Pavese: La publicidad oficial es hoy una herramienta proselitista que seguirá aumentando en su volumen y se seguirá profundizando en sus vicios si no se regula su fin y utilización.
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