Dr. Fernando A. Herrera M.- En un estado golpeado históricamente por los efectos del crimen organizado, la seguridad pública y la integridad de nuestras instituciones no deberían ser materia de regateo político ni de excesos burocráticos.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que frenó una parte crucial de la reforma electoral de Chihuahua, cae como un balde de agua fría para los ciudadanos que exigimos blindar las urnas de la delincuencia.
La reforma propuesta a nivel local era clara, valiente y, sobre todo, de sentido común: retirar candidaturas o registros a aquellos aspirantes que tuvieran nexos comprobados con el crimen organizado.
Una ley pensada para el beneficio de todos, diseñada para evitar que el dinero sucio y el miedo gobiernen nuestros municipios. Sin embargo, bajo el argumento de que la medida era “desproporcionada” y violaba “presunciones de inocencia”, el máximo tribunal del país decidió tumbarla.
Es difícil explicarle al ciudadano de a pie —ese que sale a trabajar todos los días, que quiere regresar con bien a casa y vivir en paz con su familia—, que la ley no puede protegerlo de votar por candidatos sospechosos porque hay que cuidar los “derechos políticos” de quienes pretenden representarnos.
Mientras los grupos criminales mutan y buscan nuevas formas de infiltrarse en el poder local, las instituciones judiciales de primer nivel parecen atrapadas en un círculo legal desconectado de la realidad que se vive en las calles de gran parte de México y de Chihuahua.
Ciertamente, la SCJN dejó intacta la posibilidad de anular elecciones enteras si se demuestra violencia o amenazas de la delincuencia. Pero, ¿por qué esperar a que el daño esté hecho? ¿Por qué anular el proceso después de que las comunidades sufrieron el terror de una jornada electoral violenta, en lugar de prevenir que los perfiles ligados a la ilegalidad lleguen siquiera a la boleta electoral? Prevenir siempre será mejor, más barato y más seguro, que lamentar.
Afortunadamente, el Gobierno del Estado ya ha anunciado que no dará el brazo a torcer y que enviará una iniciativa corregida para subsanar los tecnicismos señalados por los ministros.
El blindaje de la democracia en Chihuahua no puede detenerse por un fallo judicial.
En estos tiempos, cuando la paz social está en juego, la ley debería ser una herramienta de protección para la gente, no un escudo de impunidad para quienes buscan corromper las instituciones desde adentro.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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