Dr. Fernando A. Herrera M.- Un convoy se despeñó 200 metros en la sierra de Chihuahua la madrugada del 19 de abril. No era una volcadura cualquiera: en el vehículo iban Pedro Román Oseguera, jefe de la Agencia Estatal de Investigación; el agente Manuel Méndez, y dos tipos que hasta ese momento eran “turistas”.
Venían de “quemar” un narcolaboratorio de los más grandes, hasta ahora, en el país. Murieron los cuatro. Así nos enteramos que la CIA tenía agentes encubiertos en México. La consecuencia fue la renuncia del fiscal César Gustavo Jáuregui, quien reconoció “omisiones en la información” de los operativos.
Claudia Sheinbaum olió sangre de oposición y se lanzó contra Maru. Exigió explicaciones, dijo que esperaba que fuera “una excepción” y su gabinete confirmó lo obvio: los agentes entraron, uno con pasaporte diplomático y otro como turista. Ambos sin acreditación para participar en comandos. Parecía un flan para Palacio. Chihuahua la gobierna una panista y el accidente les cayó como piñata: podían gritar “¡soberanía!” sin voltear a ver a Sinaloa, Baja California, Educación o al Senado.
La presidenta presionó, la gobernadora se atrincheró y la relación bilateral cayó en un bache, al menos entre Palacio y embajada.
El problema es que mientras Sheinbaum hacía el teatro a la CIA, en Manhattan el fiscal Jay Clayton y el jefe de la DEA, Terrance Cole, ya habían desclasificado la acusación contra el gobernador Rubén Rocha Moya por conspirar con el Cártel de Sinaloa, caso que se asignó a la jueza Katherine Polk, con la historia de que “Los Chapitos” lo ayudaron a ganar en 2021 a cambio de protección.
Imaginemos. Estados Unidos dice: Operamos donde nos dejan, acusamos con causa probable y si tu gobernador está en la nómina del narco, lo procesamos en Nueva York. México contesta: cooperación sí, subordinación no, y primero tráiganme la carpeta completa antes de tocar a uno de los nuestros.
Y en medio, Morena intentó el viejo truco mexicano: usar a los dos muertos gringos en territorio panista para enterrar los milagros de sus “vivos” morenistas en territorio narco. El “hubiera” era perfecto: Sin esto del Caso Rocha, Chihuahua hubiera sido el gran escándalo de soberanía del sexenio. No funcionó. Porque ahora las consecuencias no son para Washington sino para nosotros.
Primero, quedamos como el país donde la CIA sabe más de un laboratorio entre Morelos y Guachochi (Chihuahua) que García Harffuch y todo el Gabinete de Seguridad.
Segundo, normalizamos que solo investigamos cuando los cadáveres son estadounidenses; si no, todo sigue igual.
Tercero, el único que pagó fue el fiscal estatal, porque Rocha sigue impune y despachando; Campos gobierna, ya más tranquila, pues le quitaron de encima a todo Morena. Y el presidente Donald Trump anota en su libreta: “operan conmigo a escondidas y luego me acusan de injerencia, mejor los acuso y opero sin avisar”.
La presidente disfrutó hablar de soberanía cuando los muertos fueron de la CIA, pero le incomodó hablar de impunidad cuando los vivos son de Morena. Entonces la pregunta no es si la CIA debía estar en Chihuahua. La pregunta es: ¿quién vigila a los que vigilan a la CIA, y por qué los mexicanos solo nos sabemos de algo si los muertos son gringos?
No tenían por qué cambiar de fiscal… just, a few days.
(*) Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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