CIUDAD JUÁREZ, Chih. (apro).– Quien debería estar sentado también aquí es el contralmirante Salvador González Guerrero, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, externó el juez de Distrito, Ernesto Cornejo Ángeles, durante la audiencia de vinculación a proceso de cinco implicados en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez.
El juzgador vinculó a proceso a tres personas del Instituto Nacional de Migración (INM), un guardia de seguridad y un migrante venezolano por el delito de homicidio doloso y lesiones. Todos continuarán en prisión hasta que se determine su culpabilidad o inocencia.
En el caso de Jeison, quien fue trasladado a la estación migratoria el mismo día del incendio, el 27 de marzo pasado, le imputaron el delito de homicidio por acción, es decir, es autor material.
Las otras cuatro personas imputadas enfrentan cargos por homicidio doloso por omisión, ya que el juez consideró que se trató de una cadena de hechos y de circunstancias que crearon un clima adverso que generó el incendio donde perdieron la vida 40 personas migrantes y 27 más resultaron heridos.
Los otros cuatro imputados son: Gloria N, agente de migración a cargo del área femenil, donde se encontraban 15 personas retenidas que alcanzaron a salir; Daniel N, quien estaba a cargo de la representación noroeste en la estación migratoria y era suplente de Salvador González.
Asimismo, Rodolfo N, coordinador de procesos migratorios y quien estaba a cargo del área varonil en la estación, y Alan Omar, guardia de seguridad de la empresa CIMSA S.A de C.V o Tanka.
El juez dio vista al Ministerio Público federal para que investigue los hechos de violaciones a derechos humanos de las personas migrantes que dieron su testimonio y las condiciones en las que operaba la estación migratoria, ya que dijo, eso era una cárcel
La representación social dio a conocer en la audiencia que continúan las investigaciones sobre las responsabilidades penales de los otros servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y particulares vinculados con los servicios de seguridad privada.
Luego de 12 horas de audiencia, poco antes de las 19:00, el juez dio un mes para cerrar las investigaciones.