QUITO- El Gobierno de Ecuador inició el proceso para pasar a manos privadas 45 estaciones de servicio de la petrolera estatal Petroecuador. La operación levantó polémica por haber sido recomendada por una enigmática empresa y por ser el primer paso para desprenderse de activos declarados estratégicos por el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
El Gobierno del presidente Guillermo Lasso quiere iniciar con urgencia un proceso paulatino de privatización de la empresa petrolera estatal Petroecuador. En una primera etapa, el plan incluye la venta de 45 estaciones de servicio o gasolineras en distintos puntos del país.
La conveniencia de vender las las estaciones es defendida en un informe de la consultora SummaServices S.A, contratada por el Gobierno de Lasso en una polémica licitación para contratar una consultoría. Tras declararla desierta en primer lugar, la consultoría fue adjudicada a la empresa, a la que el Estado ecuatoriano abonó unos 361 mil dólares.
La adjudicación levantó polémica debido a que, según medios ecuatorianos, la Superintendencia de Compañías del Ecuador registra a SummaServices S.A. en el giro de comercialización de productos textiles, con poco movimiento tributario y registros de pago de impuesto al Servicio de Rentas Internas (SRI) de 6 mil 875 dólares en 2019 y cero dólares en 2020 y 2021.
Además, las 45 estaciones a la venta ya habían sido declaradas estratégicas para el suministro público en 2013, durante la administración de Rafael Correa (2007-2017).
El proceso de privatización de la empresa pública Petroecuador ha generado debate en el seno de la sociedad ecuatoriana sobre la conveniencia de prescindir de un referente estatal en materia de suministro energético fósil.
Según el ex vice ministro de Economía, José Gabriel Castillo, el sistema de abastecimiento de combustibles a través de las estaciones de servicio y distribuidoras a nivel nacional de Petroecuador cumple un rol estratégico y de seguridad energética, consignó Diario Correo.
El académico aseguró que “no tener un sistema de abastecimiento con control público puede generar varios inconvenientes, entre ellos, facilitar el contrabando, especialmente en frontera, y constituir un elemento de presión que impida la implementación efectiva de políticas y estrategias en el sector”, como el control de precios de distribución.
Castillo sostuvo que países de la región, como Uruguay, mantienen una red pública de abastecimiento y distribución de combustibles “para garantizar la provisión del servicio y proteger al consumidor”.
En Ecuador, “es fundamental promover esquemas de competencia, sin debilitar la participación del Estado en un tema tan estratégico como la energía y combustibles”, concluyó.
Sputnik
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