Rafael Espino.- Sin ninguna duda, el logro más destacable del gobierno de la 4T en el país y cimiento de su éxito político es el haber posicionado en la agenda pública a los más desfavorecidos. Principalmente, por el efecto directo de los apoyos del Bienestar, se documenta que, en seis años y medio, salieron de la pobreza nueve millones de personas y por las reformas legislativas para fortalecer a la mano de obra como factor de producción, se logró que la riqueza destinada a los trabajadores, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), aumentara del 25% al 31%. Algo sin precedente y de eminente justicia.
No obstante, es un hecho que, en términos generales, se administra mal. Se adoptan decisiones guiadas exclusivamente por criterios políticos, que en lo económico restan valor y terminan con un alto costo para los contribuyentes y la población en general. El ejemplo más claro de ello se refleja en la precariedad que caracteriza actualmente a los servicios de salud pública. Las deficiencias crecientes en estos servicios, provocados por la falta de oficio administrativo y control, han disparado su costo y orillado a cada vez más ciudadanos, en búsqueda de alternativas de sanación, a recurrir a servicios privados.
Durante el sexenio anterior, las cirugías realizadas en hospitales privados crecieron en 33%. En 2012 hubo 919 mil intervenciones quirúrgicas en centros privados del país; en 2018 aumentó a 1 millón 78 intervenciones y para 2024 creció a 1 millón 436 mil, de acuerdo con cifras del Sexto Informe de Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos datos exceden desorbitadamente lo que corresponde al crecimiento poblacional y revelan que no sólo aumentó la oferta privada de primera atención, sino también los padecimientos que requieren hospitalización.
En contraste, en el sistema público entre 2018 y 2024, el número de cirugías cayó 6%. Si se compara con las realizadas en 2012, la disminución alcanzó 489 mil cirugías, según el último informe de gobierno citado. Y esto no porque haya menor demanda o porque estemos privilegiando la medicina naturista, sino simple y sencillamente es el resultado de una muy mala administración.
Más datos duros: El gasto en salud promedio (conocido como “de bolsillo”), según el portal Animal Político, aumentó 54% entre los hogares más pobres. Mientras en 2018 gastaron 1,729 pesos en promedio anuales, el desembolso en 2022 ascendió a 2,679 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Entre 2018 y 2024, las unidades médicas con 15 a 24 camas aumentaron 21%, al pasar de 254 a 307. Mientras que las camas hospitalarias censables de instituciones privadas pasaron de 33,630 a 36,514. Situaciones similares se presentaron en estudios clínicos, consultas generales y de especialidad. Disminución en los presupuestos para la compra de medicamentos y materiales de curación, cancelación de esquemas de distribución nacional sin alternativas y en general, desorden y falta de coordinación en las cadenas de abastecimiento.
Una política errática, en la que primero se elimina el Seguro Popular, luego se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que a los dos años de operación se extingue, para finalmente trasladar la responsabilidad de coordinar ese sistema de salud en los estados al IMSS-Bienestar. Lo cierto, mientras tanto, es que los servicios de salud federales se han demeritado considerablemente en perjuicio principalmente de los que menos tienen.