Un juez federal determinó que es inconstitucional la Ley Federal de Austeridad Republicana aprobada por el Congreso de la Unión en 2019, así como el plazo de 10 años en el que se estipula que los altos mandos del gobierno deben permanecer fuera del ámbito laboral en empresas del sector privado a las que regularon o supervisaron.
En ese tenor, el juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, Abel Méndez Corona, otorgó un amparo a un exfuncionario federal (al que le negaron un empleo porque no habían pasado 10 años desde que salió del Gobierno) mediante el cual impide que le sea aplicada dicha ley.
Lo anterior bajo el argumento de que la pausa de 10 años, prevista en el artículo 24, resultaba una medida excesiva. El juez señaló que dicho plazo, en el mercado laboral, juega un papel determinante a la hora de encontrar una oferta de trabajo, aunado al hecho de que los avances tecnológicos modifican las necesidades de las empresas y con ello, el perfil de los empleados.
Agregó que, debido al grado de especialización, la experiencia de los funcionarios públicos de alto mando puede resultar relevante para el sector privado, “pero el plazo de diez años genera incentivos perversos que afectan sus posibilidades de contratación”, señaló el juez.
La resolución dictada hace hincapié en el “derecho de libertad de trabajo”, bajo el cual no se le puede impedir a ninguna persona que se dedique a la profesión, comercio o trabajo de su elección (siempre y cuando sea lícito).
Por otro lado, enfatiza el “derecho a un sueldo o salario” para toda aquella persona que trabaje para un tercero, con el cual se pueda “disfrutar de una vida digna”.
“La disposición reclamada es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida, habida cuenta que, de entre un conjunto de opciones viables, la legislatura optó por la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa.
Juárez Hoy