Dr. Fernando A. Herrera M.- Las oficinas de Estados Unidos dejaron de hablar en modo diplomacia y empezaron a hablar de porcentajes. Y el número que repiten duele: el huachicol fiscal ya no es un robo de ducto, es un sistema binacional que, según sus propias agencias, mueve casi un tercio del combustible que se vende en México.
No es una filtración. Es una acusación formal.
La Embajada de Estados Unidos en México publicó un video en X donde acusa directamente a los cárteles de operar el “huachicol fiscal”. Explicó que es una forma sofisticada de evasión fiscal que beneficia al narcotráfico y detalló el circuito: el crudo se roba en México, se transporta en camiones o ductos hasta Texas, y ahí intermediarios lo reciben.
Luego, según la misma embajada, ese crudo se “legaliza” en refinerías estadounidenses y regresa a México por aduanas como combustible aparentemente legal, con documentos falsificados y empresas fachada.
¿De qué tamaño hablamos? El SAT mexicano ha dicho que el huachicol fiscal equivale a 30% de todos los combustibles vendidos legalmente en las estaciones de servicio. Expertos citados por EFE elevan el rango a entre 30% y 40% de las gasolinas y diésel que se comercializan en el país. La prensa nacional lo resume sin eufemismos: tres de cada 10 litros de gasolinas que se importan en México son “huachicol fiscal”. PetroIntelligence, con datos del SAT, calcula que ese contrabando equivale al 30% del total vendido en gasolineras, unos 177 mil millones de pesos al año.
Hasta ahí, es un golpe fiscal. Lo nuevo, y lo que convierte esto en un escándalo político, viene del Departamento del Tesoro.
En el último año, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) detectó más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa vinculada a estos esquemas. Y en su alerta pública, FinCEN afirma algo que en México ningún funcionario se había atrevido a poner por escrito: los cárteles usan las ganancias del combustible ilícito para hacer pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas y a medios de comunicación, con el fin de apoyar a políticos corruptos.
El Tesoro de Estados Unidos lo dijo aún más claro al sancionar una red ligadas a los Cárteles: “En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas”, y el objetivo es “elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno”.
No dieron nombres de candidatos, partidos ni elecciones concretas, pero la descripción es suficiente para entender la acusación: el huachicol fiscal no solo evade el IEPS, financia el poder.
Mi opinión es simple: Washington no está descubriendo el hilo negro, está poniendo en un documento oficial lo que en México se susurra en sobremesas. Si tres de cada diez litros son ilegales, y ese mercado mueve miles de millones de dólares, es ingenuo pensar que ese dinero se queda solo en camionetas y armas. El dinero busca protección y la protección más barata en México ha sido siempre un cargo público o una primera plana comprada.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya respondió como se responde en estos casos: volvió a pedir pruebas a Estados Unidos por la acusación de que los cárteles financian campañas con el huachicol fiscal. Tiene razón en exigir evidencia judicial, pero se equivoca si cree que la exigencia borra la sospecha.
Estados Unidos no solo habla, sanciona: acusa a operadores de crear compañías pantalla, falsificar documentos de aduanas y vender el combustible a una red de gasolineras, generando decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal.
Aquí está el punto incómodo de las “nuevas disposiciones”. No son nuevas leyes mexicanas, son nuevas reglas de juego estadounidenses: trazabilidad financiera, alertas a bancos, sanciones a empresas texanas que lavaron 47 millones de dólares con combustible robado en México. Es decir, Estados Unidos está cerrando su parte del circuito en Texas, mientras en México seguimos discutiendo si el problema es de Pemex o de Hacienda.
¿Y los medios? La acusación de FinCEN de pagos a medios no debería sorprendernos. Un mercado ilegal del 30% necesita dos cosas: que la autoridad mire a otro lado y que la opinión pública también mire para otro lado. Lo primero se compra con campañas, lo segundo se compra con pauta. No es que todos los periodistas estén comprados, es que el modelo de negocio de muchos outlets locales depende de publicidad oficial y, ahora, según Washington, también de publicidad criminal.
¿Qué significa esto para nosotros? Que el debate sobre el huachicol ya no es técnico, es del Estado Democrático. Si aceptamos que el 30% del combustible es ilegal, tenemos que aceptar que una parte de nuestras elecciones puede estar lubricada con ese mismo combustible. Y si Estados Unidos tiene razón, entonces no estamos solo ante un delito fiscal, estamos ante un mecanismo de captura del Estado.
La salida no es pelearnos con ellos por el tono del video. La salida es auditar lo que ellos ya auditaron: quién importa, quién factura como “aditivos” en la aduana, qué gasolineras lo venden, qué campañas recibieron efectivo sin rastro, qué medios crecieron de golpe en años electorales en zonas de trasiego.
Washington ya puso el espejo. Nos toca decidir si lo rompemos por incómodo, o si por fin nos miramos en él.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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