El 30 de abril de 2021, en otra dura derrota para GCC, la corte para el distrito de colorado rechazó su petición para revocar la sentencia en su contra, el pedido que GCC había hecho sobre la base de que, según ella, el laudo arbitral había sido anulado por las cortes locales en Bolivia fue rechazado por la justicia norteamericana. La corte de distrito de colorado sostuvo que darle efecto a la supuesta decisión de las cortes bolivianas anulando el laudo “ofendería a las nociones básicas de justicia” en los estados unidos y que la “conducta desleal de GCC a lo largo de la disputa” le impedía revertir la sentencia en su contra, confirmando en consecuencia el fallo que obliga a GCC a cumplir con el laudo arbitral que fue reconocido por la justicia de estados unidos y pagar a CIMSA la suma que a hoy asciende aproximadamente a 50 millones de dólares, expuso la revista digital law360°.
Lo anterior, derivado de un litigio que inició en 2011 cuando CIMSA estableció una disputa legal contra GCC porque ésta vendió su parte accionaria en la sociedad boliviana de cemento sin respetar el derecho preferente de la empresa boliviana, conforme se establecía en el acuerdo de accionistas.
Dicho incumplimiento originó un proceso arbitral administrado por la comisión interamericana de arbitraje comercial (CIAC). El laudo arbitral emitido en abril de 2015 fue favorable a CIMSA y condenó a GCC a pagar a la empresa boliviana algo más de 36 millones de dólares, que a la fecha se han convertido en aproximadamente 50 millones de dólares.
La justicia norteamericana dejó claro que la empresa mexicana debe cumplir con el pago.
El segundo revés se dio el pasado 21 de junio de 2021 cuando la corte suprema de los Estados Unidos de América desechó la petición de GCC para revertir la sentencia dictada por la corte para el distrito de colorado, dicha sentencia ya es final y no está sujeta a apelaciones ulteriores en los Estados Unidos. Hasta el momento Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) guarda silencio y no ha reportado que ahora, la cementera mexicana queda obligada a pagar una cantidad de aproximadamente us$50 millones de dólares a la empresa boliviana CIMSA.