Nunca es tarde si la dicha es buena… El Partido de la Revolución Democrática presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, en contra del plan B de la Reforma Electoral emanada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la consideran “el capricho de una sola persona”.
Jesús Zambrano Grijalba, dirigente nacional del partido del sol naciente, declaró este lunes 23 de enero en una conferencia de prensa brindada en las afueras del edificio de la Suprema Corte de Justicia, que específicamente combatirán en el primer paquete de reformas, las presentadas en contra de La Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cabe anotar que este lunes era el último día para presentar recursos de impugnación contra las reformas y hasta donde sabemos solo el PRD lo hizo, no obstante que el PAN, PRI y MC se quejaron y se opusieron de una forma muy enérgica, sin embargo se limitaron a “litigar” en los medios de comunicación.
Para concluir “Chucho” Solorzano recordó que estas reformas son contrarias a los cambios legales realizados en el 2006, cuando López Obrador, entonces candidato presidencial, acusó de irregularidades actos como la intervención del gobierno en el proceso electoral. Entonces el PRD pugnó por evitar que las Cámaras Empresariales endosaran o descalificaran a los protagonistas de las elecciones “y hoy AMLO pretende eliminar esos logros para hacer y deshacer”.
Agregó que las reformas del plan B, “buscan que los actuales funcionarios hagan lo que se les venga en gana, utilizando hasta recursos públicos para contender sin ningún sentido de equidad, transparencia y sin que se cuestione el uso de recursos públicos con actos anticipados de campaña y sin que haya sanciones por las descalificaciones que continuamente emite AMLO en las mañaneras”.
El dirigente perredista explicó que las acciones de inconstitucionalidad deben resolverse 90 días antes de que inicie el proceso electoral del 2024, mismo que está programado para septiembre de dicho año.
Ahogado el niño, tapan el pozo… Aunque usted no lo crea, no hay un castigo significativo para un reo que evade su sentencia de prisión, sólo recibe un manase y con muchas restricciones y combinaciones de conductas antisociales para que califiquen a esas pequeñas sanciones administrativas.
En otras palabras, la ley en Chihuahua está legislada a favor de los criminales y no a favor de mantener las comunidades chihuahuenses a salvo de los malandros. El artículo 305 señala: “Al evadido no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, salvo que obre de concierto con uno o más presos y se logren fugar alguno de ellos, ejerciendo violencia en cuyo caso, se le impondrá la mitad de las sanciones establecidas”, de las cuales actualmente el máximo son seis meses.
Por esta razón el diputado local por Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez Villegas, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado con el propósito de incrementar significativamente las sanciones por la evasión, pide se le sancione en el artículo 300 con una pena de 5 a 9 años de prisión a quien indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada de ella.
Así también, que se modifique el artículo 305 para que se le agreguen de dos a cinco años de prisión a quien legalmente privado de su libertad se fugue.
A la mayoría de los chihuahuenses nos parece poco castigo y demasiado condicionado con el actual articulado, pero algo es algo si elegimos legisladores cada comicio electoral, algún día a lo mejor elegimos a uno que castigue más apropiadamente las conductas antisociales, ocupándose más de las víctimas y menos de los delincuentes.
El que la ley establece, guardarla debe… En reunión de la Junta de Coordinación Política de la 67 Legislatura, en la cual rindió protesta el diputado José Alfredo Chávez Madrid como presidente de la misma, se recibió a César Gustavo Jáuregui Moreno, quien fue propuesto por la gobernadora Constitucional del Estado, para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
Integrantes de la JUCOPO escucharon la exposición de Jáuregui Moreno, quien resaltó la necesidad de contar con un equipo muy sólido y fuerte dentro de la FGE.
“Ello significa que se requieren cambios en la estructura orgánica de la Fiscalía, implica la designación de funcionarios que la acompañen; Chihuahua no está para escatimar en la designación de los mejores funcionarios que tengamos; gente con toda la experiencia en la materia. Perseguir el delito es fundamental para acabar con la impunidad. La fiscalía está haciendo muchas cosas bien, está entre las mejores estructuradas de país; sin embargo, los delitos de alto impacto repercuten en la percepción de la sociedad”.
“Se requiere consolidar un equipo, se necesitan cambios en la estructura, contar con gente de probada eficiencia; en la Fiscalía se tendrá una política de puertas abiertas para escuchar y resolver; más capacitación y trabajar duro en el sentido de pertenencia a la institución.
La estadística no es la óptima, vamos por mejores estándares de seguridad para los chihuahuenses y para ello se requiere de la coordinación con el Gobierno Federal y municipal”.
Adriana Terrazas, presidente del Congreso del Estado, pidió a Jáuregui Moreno, que de darse su nombramiento como Fiscal General, ejerza la mano dura que necesita la delincuencia organizada; y dentro de la reestructuración de la Fiscalía, se pondere la paridad género y se fortalezca a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.