Quien da señas del camino, es porque lo tiene andado… El titular de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua fue llamado a comparecer ante los representantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en los próximos días para que dé a conocer cómo se realizarán las acciones dentro de esa dependencia estatal, misma que ha estado en meses anteriores sumergida en varios escándalos económicos.
Según se dice que la reunión que sostuvieron las diputadas Deyanira Ozaeta y Goergina Zapata con integrantes de la PCE, es para que supuestamente se mantenga una coordinación y ver de cerca qué viabilidad hay de cada uno de los asuntos legislativos que se estén promoviendo.
Aunque se quieran hacer ver las cosas como un plan estratégico en donde se dice que se tratarán temas como ampliar las licencias de maternidad y paternidad e implementar las licencias parentales, el trasfondo de todo esto es mantener vigilada a Pensiones Civiles del Estado, según comentan sobre el tema.
Ya éramos muchos y parió la abuela… El tema de obligar a los jóvenes que recién cumplan los 18 años de edad para que se inscriban al Sistema de Administración Tributaria (SAT), es calificado ya como un acto de terrorismo fiscal, así lo catalogó el representante de los diputados panistas en el Congreso del Estado.
Tanto él como legisladores federales coinciden en que la ordenanza legal que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere implementar como ley, es una medida impositiva.
Aseguran que el obligar a los jóvenes a que cuando cumplan su mayoría de edad se registren ante Hacienda es una medida persecutoria, pues aunque digan que ellos no tienen por qué pagar impuestos, genera bastante confusión entre los jóvenes que desconocen el sistema tributario.
Ahora quienes también están teniendo problemas son las organizaciones sociales, pues ahora tendrán que pagar los Impuestos Sobre la Renta, pues con la reforma a la Ley de Impuestos, las donaciones que perciben se verán afectadas.
La nueva ley pretende limitar las deducciones personales en materia de donativos, lo que afectará necesariamente a las OSCs, no sólo en sus programas de apoyo, sino en su propia existencia orgánica de donde se desprenden los empleos de miles de mexicanos y la pérdida de millones de pesos provenientes de donativos de personas físicas, bajo el amparo del precepto normativo vigente.
Esto ya se puso color de hormiga… La iniciativa de reforma eléctrica que fue presentada por el gobierno federal vendrá a afectar a por lo menos 50 proyectos de la iniciativa privada que se encuentran trabajando en el estado de Chihuahua, lo cual pondrá en riesgo a más de 9 mil 600 hogares y negocios que trabajan con paneles solares.
Quienes pusieron la alerta son los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua, quienes dijeron que hasta el momento se tiene ya una pérdida económica estimada en más de 2,400 millones de dólares.
Además se dice que desde que AMLO dio a conocer la reforma energética, hay 13 proyectos fotovoltaicos y un proyecto eólico que están suspendidos, con lo que se podría generar más del 42 por ciento de la energía en la región y de seguir así, la inversión económica que se perdería en el estado es de 5 mil millones de dólares.
De lo perdido, lo que aparezca… La orden emitida por la jueza Abigail Sosa Rivera para reabrir la investigación en contra del exsecretario de Hacienda del Estado de Chihuahua Arturo Fuentes Vélez por los delitos de peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades, sacudió las esferas políticas.
El caso se da después de que representantes de Ficosec solicitaron la reapertura de esa carpeta de investigación que derivó en la causa penal 2275/2021, a la cual se le había dado carpetazo, lo cual fue considerado como no aceptable que el coordinador que autorizó el acuerdo del no ejercicio de la acción penal no tenía la facultad para hacerlo.
Se trata del coordinador de la Unidad de Delitos Diversos, Héctor Alonso Hernández Uribe, quien dio luz verde al carpetazo; sin embargo, los únicos con atribuciones para dar este permiso son el Fiscal General o Fiscales de Zona, los cuales no fueron incluidos en el caso por órdenes del exgobernador Javier Corral.
Ahora sí que a esta Fiscalía le tocará realizar las investigaciones correspondientes y determinar si el exsecretario de Hacienda incurrió en los delitos por los cuales la FICOSEC lo denunció, que son peculado y uso ilegal de funciones los cuales derivaron en un daño patrimonial de 141 millones 879 mil 594 pesos.
Ante los problemas, no te preocupes, ocúpate… Ante la tardanza que ha tenido la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación del asesinato de la familia LeBarón, en el Senado de la República se exhortó para que fortalezca esa investigación y se esclarezca el homicidio de esa familia.
Según lo que se expresó en esa sala se incitó a la Fiscalía General de la República (FGR) a fortalecer y dar puntual seguimiento a las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Bavispe, Sonora en 2019, en los que nueve integrantes de la familia LeBarón fueron masacrados.
También se solicitó para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un informe sobre las medidas para agilizar la resolución del proceso relativo a dichos hechos; aunque todo suena bien y bonito falta que esas dependencias federales hagan lo conducente.
El ladrón pasa por caballero, cuando el robo lo hizo rico… Al parecer ya se empezó a meter en cintura al Servicio de Administración Tributaria (SAT) delegación Chihuahua por actos de corrupción, pues 36 funcionarios de ese lugar fueron señalados por actos de “coyotaje” al vender citas ante la instancia federal.
Se había denunciado que las citas vendidas en el clandestinaje oscilaban entre los 250 y hasta los 5 mil pesos, mismas que se ofertan en redes sociales, motivo por el que se solicitó al SAT, SHCP y las instancias correspondientes una investigación profunda y el respectivo castigo de quienes realizaron este acto ilícito.
Ahora sí que solo es cuestión de tiempo para que se puedan agilizar las cosas en Chihuahua; por el momento quienes sufren por esta situación son los pequeños empresarios, quienes gracias a que las citas están condicionadas no pueden ponerse al corriente con sus trámites fiscales.