Maclovio Murillo.- A través del análisis del devenir histórico, podemos observar que en las diversas regiones del mundo, la lucha para reivindicar la tenencia de la tierra a favor de los campesinos, que son quienes la trabajan, ha originado diversos movimientos armados.
En México, una de las principales banderas que se enarbolaron en la revolución detonada en 1910, fue precisamente la lucha por la propiedad y tenencia de la tierra, pues los campesinos reclamaron que estas debían ser de quienes la trabajan.
El caudillo revolucionario Emiliano Zapata fue ampliamente apoyado en esa lucha, por el sector campesino, lo cual ocurrió precisamente por tomar como demanda principal contra el régimen tiránico de Porfirio Díaz, el derecho a la tenencia y propiedad de la tierra para sembrar, bajo la consigna de “Tierra y Libertad”.
Hoy en día, la sola tenencia y propiedad de la tierra, más el arduo y extenuante trabajo de los productores del campo, son ya elementos insuficientes para garantizar la producción de alimentos, pues a raíz del cambio climático, las lluvias se han escaseado y para producir lo necesario para hacer económicamente viable esa actividad, sobre todo en las regiones donde mayormente escasean las precipitaciones pluviales, además de la tenencia y propiedad de la tierra, se requiere de la extracción de las aguas del subsuelo, para regar y así poder obtener como resultado, que las plantas nazcan, crezcan, fructifiquen y puedan así cosecharse, con la finalidad de venderse los frutos y luego, a partir del producto de la venta, poder subsistir.
El campo requiere ser tecnificado, con implementos y herramientas agrícolas modernas para hacer que la tierra produzca lo necesario; requiere de buenas semillas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria moderna y mucho, mucho trabajo y esfuerzo durante todo un ciclo, para que al final, si las condiciones climatológicas lo permiten, se levante una cosecha adecuada.
Pero adicionalmente, aun teniéndose una buena cosecha, esta no garantizará un éxito para el campesino o productor, si el precio de lo cosechado es tan bajo que ni siquiera alcance a cubrir los costos de la producción, dejándose así de obtenerse ganancias.
Entonces, al problema de la tenencia de la tierra por parte de quien la trabaja, se han agregado problemas adicionales igualmente graves, como son –entre otros– la falta de agua para regar la tierra y la carencia de una efectiva actividad reguladora por parte del Estado mexicano para establecer precios que garanticen la viabilidad económica de la actividad de aquellos que se dedican a la producción de alimentos y forrajes.
Esa falta de una correcta rectoría del estado mexicano, para proteger a quienes producen lo que comemos todos, y la amenaza de quitarles sus concesiones de pozos de agua a los agricultores propietarios de la tierra, es tan grave como la desposesión misma de la tierra, pues una tierra sin agua no produce y una producción suficiente pero sin precios adecuados, lleva a la quiebra del productor, generando que sean los intermediarios quienes se enriquecen y no los que objetivamente realizan el más importante trabajo que es el de producir.
En ese entorno, es como en todo el país, se ha generado una legítima inconformidad de los productores del campo, derivado de tres puntos medulares que son:
1.- Se pretende una reforma legal que pone en riesgo latente las concesiones de pozos para extraer agua del subsuelo y regar la tierra;
2.- El Estado mexicano ha claudicado en su obligación de actuar como rector de la actividad económica, al dejar de fijar, respetar y hacer respetar, adecuados y suficientes precios de garantía para los productos que se cosechan, dejando ingresar productos del extranjero, pero sin proteger la producción nacional. Y, al contrario, ha dejado que sean los intermediarios quienes se enriquezcan al comprar muy barato y revender muy caro.
3.- A lo anterior –que ya es sumamente grave–hay que agregarle que ahora los productores son víctimas de extorsiones de la delincuencia que pone cuotas por cada tonelada del producto cosechado.
En esas condiciones, se ha generado un clima de grave inconformidad de los productores del campo y derivado de la misma, estos han optado por manifestarse a través de protestas públicas y bloqueos de carreteras, aduanas y puentes internacionales.
Y el gobierno federal, en voz de sus más altas autoridades, lejos de atender la problemática con un sentido estadista, proponiendo y dando soluciones, se han limitado a actuar con sentido partidista, pues públicamente –en lugar de resolver los justos planteamientos–, se han dedicado sistemáticamente a descalificarlos, solo con el argumento consistente de que los manifestantes pertenecen a otros partidos políticos diversos al que está en el poder, lo cual, además de no ser cierto en muchos casos, debe indicarse que ese argumento es totalmente temerario, pues aun y cuando fueran de otros partidos, diverso al que está hoy en el poder, eso no sería razón para la descalificación, pues los gobernantes tienen el deber constitucional de gobernar por igual, para todos en general, lo cual, no han comprendido ni quieren comprender.
Desde mi perspectiva, el gobierno federal está jugando con fuego, pues la experiencia histórica nos enseña que hoy la lucha por el agua y mejores condiciones de vida de los productores del campo – como sucedió en 1910 al lucharse por la propiedad y tenencia de la tierra–, pueden encender la mecha que detone un movimiento armado que para nada sería deseable, pero sí comprensible para el caso de que se continúe haciéndose oídos sordos y se dejen de brindar soluciones reales a las demandas justas de quienes se dedican a hacer producir la tierra en beneficio de todos los mexicanos: ellos requieren seguridad jurídica para ejercer el derecho al agua, seguridad pública y paz social para poder producir y precios de garantía para que su producción sea bien pagada y así puedan ellos continuar produciendo en beneficio de todo el pueblo mexicano.
¡Así, es cuanto!