Dr. Fernando A. Herrera M.- Un contrato, una auditoría y la realidad. El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, otra vez en medio de un escándalo.
El caso del contrato con registro DCA/DGSPM/082/2022 en Ciudad Juárez, abre una ventana perfecta para observar una enfermedad crónica: La corrupción, laxitud y descuido con que se maneja el dinero público.
El escándalo de corrupción, atrapa a la gente y la coloca en una encrucijada donde lo abruma la repetición de las mismas cosas que ha oído toda su vida. Constata que el gobierno que eligió hace contratos que no debe y que el organismo fiscalizador del dinero público no hace su trabajo. Esa realidad, por desgracia, es la misma de siempre, el cáncer de la corrupción absorbe a muchos gobernantes.
Auditorías de papel
El problema se agrava cuando quien revisa y evalúa la honestidad de los gobiernos no hace su trabajo. La administración de Ciudad Juárez, ante el escándalo, se escuda bajo el argumento de que sus cuentas fueron revisadas por la Auditoría Superior del Estado y, en particular, el contrato de renta de ocho barredoras mecánicas, sin recibir observaciones.
Es alarmante la soltura institucional de los responsables en Ciudad Juárez que permitieron comprometer 105.6 millones de pesos del erario de Juárez, por 29 meses, a favor de la empresa PYPRA por la renta de esas barredoras.
Los números son fríos: cada barredora le costó a los juarenses 13.2 millones de pesos (unos 750 mil dólares), un monto descomunal si se compara con los precios en el mercado internacional.
Esta relajación de los administradores –o del alcalde–, cobra tintes de corrupta complicidad cuando se descubre que el proveedor beneficiado es una firma registrada como: “Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial”, cuyo objeto social original eran insumos eléctricos y computacionales, la que, por ley, tenía un tope de facturación anual de 4 millones de pesos. ¿Entonces cómo diablos es que con ese perfil facture más de 36 millones por año al municipio, sin que se prendieran las alertas inmediatas de los fiscalizadores?
Cuando un órgano fiscalizador ignora los contrastes y enseguida valida un reporte sin bitácoras y tan irreal como lo es asegurar que se barren 411 kilómetros diarios (la distancia de Juárez a Delicias) sin que existan bitácoras del trabajo diario, turnos, rutas y horarios. La Auditoría Superior del Estado dejó de ser el guardián del erario público para convertirse en un tramitador o cómplice de corruptelas para que queden impunes.
La víctima
El círculo vicioso de las administraciones corruptas, con auditores complacientes, producen un efecto devastador en la confianza de la población. El ciudadano pierde la fe en la justicia. Y ya nadie cree en la validez de una auditoría.
La fiscalización debe evolucionar. Se necesitan auditorías de campo, no de escritorio; urgen revisiones en tiempo real que verifiquen las bitácoras escritas por los operadores de maquinaria cada día de trabajo, en cada turno y en cada ruta. De otro modo: ¿Cómo saber si pasaron por las áreas de trabajo o solo se hizo un contrato para sacar cheques que se cambian y usar el dinero en algo que nadie sabe?
Mientras la transparencia sea trámite burocrático, la corrupción seguirá en todos los órdenes de gobierno y la verdad nunca será parte del ejercicio de la política mexicana.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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