Dr. Fernando A. Herrera M.- Entre tanto ruido de soberanía, Washington cambió el método. No busca un operativo más en la sierra. Ahora arma expedientes. Y los expedientes no apuntan solo a sicarios, sino al poder político de México que los dejó crecer.
La primera pieza solicitada es el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha. El Departamento de Justicia acusó formalmente a ese mandatario, y a nueve funcionarios y exfuncionarios más, por presunta colaboración con “Los Chapitos”. La imputación habla de sobornos, protección política y facilitación de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Es un caso sin precedente contra un gobernador en funciones y anuncian penas de 40 años a cadena perpetua.
No será un hecho aislado. El propio fiscal general de Estados Unidos advirtió que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos por nexos con cárteles, y que continuarán haciéndolo. La prensa que ha seguido el caso lo resume: la imputación a Rocha es cosa consumada y no serán los únicos.
El círculo rojo, en la mira
Lo que viene no es contra un partido, es contra una generación de poder. ProPublica documentó que la administración Trump trabaja con una lista de varias decenas de figuras identificadas por inteligencia, que incluye a líderes de Morena, a varios gobernadores estatales y a políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No es una filtración cualquiera: funcionarios estadounidenses lo anticipan.
En México, la misma lógica aparece en reportes de inteligencia citados por el Sol de Yucatán: al menos cuatro gobernadores de Morena están bajo investigación desde hace un año por DEA, FBI y ATF. Junto a ellos, otras 42 personas que tienen como factor común ser parte de la élite gobernante que ascendió con la Cuarta Transformación. Los Angeles Press va más lejos y eleva el número a más de cien políticos, funcionarios y empresarios bajo líneas activas de investigación, con al menos 75 figuras que ya enfrentaron cancelaciones de visa.
En el círculo rojo del expresidente y de la presidente hay operadores que sostuvieron gobiernos estatales, que administraron seguridad, que firmaron contratos, que controlaron aduanas y puertos.
Fase 1: Sinaloa.
Fase 2: Los estados clave de la geografía del maxiproceso lo dibuja la prensa: Baja California con Marina del Pilar Ávila, que confirmó la revocación de su visa en mayo de 2025; su esposo también fue alcanzado por la medida.
Sonora con Alfonso Durazo aparece entre los gobernadores bajo investigación.
En esa misma hoja se dice está el alcalde de Nogales, que ya perdió su visa en 2025. Michoacán con Alfredo Ramírez Bedolla, investigado por presuntos vínculos con estructuras criminales, según la misma fuente.
En Tamaulipas, los medios reportan la revocación de visa de Américo Villarreal, aunque su vocería lo calificó como “no confirmada”. El estado aparece de forma reiterada en los reportes sobre narcopolítica.
Durango. Esteban Villegas Villarreal se reporta que fue impedido de abordar un vuelo a Estados Unidos por una alerta DHS “Do Not Board”. Y que le informaron que su visa estaba en revisión por una investigación abierta por presuntos vínculos con los hermanos Cabrera Sarabia.
Tabasco, Javier May Rodríguez figura en la lista de gobernadores bajo observación publicada por Los Angeles Press.
¿Por qué podría tener el apoyo social?
Porque no debe presentarse como injerencia, sino como una necesaria limpieza. Por ejemplo: La banca mexicana activó sus sistemas anti lavado, después de la acusación contra Rocha Moya. Y cuando el dinero se pone nervioso, la sociedad entiende que el problema no es diplomático.
Sheinbaum lo sabe. Por eso repite que no va a proteger a nadie, pero insiste en que tiene que haber pruebas. Es un reconocimiento tácito porque el costo político de defender a un gobernador señalado por Estados Unidos es mayor que el costo de dejar que avance el expediente.
El círculo rojo de López Obrador y el círculo cercano de Sheinbaum enfrentan la misma disyuntiva. Si Washington presenta testigos protegidos, transferencias, propiedades en San Diego o empresas fachada en Wyoming, la narrativa de soberanía no alcanza.
Y es de creerse que la gente no pide invasiones, pero sí pide que no gobierne el crimen.
Estados Unidos no necesita mandar tropas. Tiene tres herramientas que usa: cancela visas, incauta o congela dinero, o los quiere llevar ante los tribunales. La Sección 212 de la Ley de Inmigración le permite declarar inadmisible a quien considere que hay razones para creer que colaboró con narcotráfico. El Tesoro congela activos sin juicio penal. Y Nueva York ya demostró con García Luna que puede sentar en el banquillo a un secretario de Estado mexicano.
El maxiproceso no será un solo juicio espectacular como el de García Luna. Será una serie de casos escalonados: Sinaloa primero, luego Sonora, Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Durango y Tabasco, con Jalisco y Chiapas como ampliación natural. Cada expediente debilita al siguiente, porque los testigos de uno alimentan al otro.
La pregunta es si el gobierno de la presidenta decide encabezar la depuración o esperar a que la encabece un fiscal en Brooklyn.
Entre tanto problema, urge cambiar el enfoque para dejar de pelear la soberanía en Chihuahua y empezar a limpiar la casa en los estados donde nació la narcopolítica. El círculo rojo lo sabe. Los gobernadores mencionados lo saben.
Washington, por primera vez en años, parece estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias.
(*) Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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