Dr. Fernando A. Herrera M.- Ayer hablé del error histórico de llenar de abogados el Consejo General del INE. Hoy quiero ir al fondo: ¿qué hace realmente un consejero electoral? Si se entiende la función, se entiende el perfil.
Un consejero no redacta sentencias. No litiga. No interpreta la Constitución en última instancia; para eso están los tribunales. Su trabajo es conducir la institución que organiza el acto político más importante de un país: que millones de personas decidan quién las gobierna y que el que pierde lo acepte.
Ese es el centro de todo: que el perdedor acepte. Y eso no se logra con artículos. Se logra con confianza.
Lo viví en 2007. La presidencia municipal de Chihuahua se definió por 387 votos, el 0.13 por ciento. El candidato que perdió pedía abrir más paquetes de los que la ley permitía; hacerle caso habría anulado la elección. La salida legal era sencilla: negarle todo. La salida responsable fue otra. Abrimos las 65 casillas que él mismo eligió, recontamos frente a todos y perdió nueve votos más. Días después reconoció en público el triunfo de su adversario. Los abogados nos dijeron qué se podía hacer; cómo hacerlo fue una decisión política, en el mejor sentido de la palabra.
En 2013, en Coyame del Sotol, la elección quedó empatada: 666 votos para el PRI y 666 para el PAN. Ningún código te dice cómo convencer a dos partidos de que lo justo es volver a votar. Hubo que sentarse con ellos, escucharlos, explicarles y sostener la decisión contra viento y marea. Se repitió la elección, hubo un ganador y el perdedor reconoció el resultado.
Hubo un caso todavía más revelador. En el reparto de diputados plurinominales de 2007, un dirigente me dijo con toda seguridad: “No eres abogado, por eso no entiendes”. El tribunal estatal le dio la razón a él. Semanas después, el tribunal federal nos la dio a nosotros. No era cuestión de títulos, sino de leer la ley con sentido común y no estirarla, porque la ley no es liga.
Eso hace un consejero: mide consecuencias, construye acuerdos y da la cara ante los partidos y ante la ciudadanía. Es un trabajo de responsabilidad social. El voto no le pertenece al INE; le pertenece a la gente, y quien lo custodia tiene que saber hablarle a la gente.
La propia ley lo entiende así. El artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales pide un título de licenciatura —cualquiera— con cinco años de antigüedad, y “contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones”. En ningún lado dice derecho. Fue la práctica de los exámenes la que convirtió la ley electoral en la llave de entrada.
Me dirán que, sin formación jurídica, un consejero queda a merced de su área técnica. No es así. Administré cuatro años el Hospital Regional de Delicias sin ser médico: el director de un hospital no opera, pero sabe a quién escuchar y responde por lo que decide. Un consejero tampoco necesita saberse el código de memoria; necesita entenderlo, preguntar bien y asumir la decisión.
Me dirán también que hoy todo se judicializa. Es cierto. Pero en nueve años al frente del IEE, los conflictos legales se cuentan con los dedos de las manos y ninguno fue grave. No fue suerte: la tarea más valiosa es evitar que el conflicto llegue a un tribunal, y eso se logra con oficio político, no con más abogados en la mesa.
El INE necesita consejeros que sepan de administración, de comunicación, de sociología, de territorio. Gente que haya organizado algo, negociado algo, rendido cuentas de algo. Gente que entienda que su cliente no es el tribunal, sino el ciudadano que hace fila un domingo para votar.
La ley ya abre esa puerta. Falta que quienes diseñan los filtros la dejen abierta.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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