Rafael Espino.- Hasta el año pasado, la Ley Federal de Derechos, en su artículo 11, fracción II inciso b), exentaba a los turistas que ingresaban temporalmente al país por vía marítima, a bordo de cruceros, de pagar derechos por la expedición –por parte de la autoridad migratoria– del permiso correspondiente.
Con la eliminación de la citada exención se pretendía igualar el tratamiento fiscal, con aquellos pasajeros que ingresan al país por la vía aérea y que sí pagan los derechos respectivos por los servicios migratorios. A este derecho se lo conoce como el Derecho de No Residente (DNR). Así, los turistas de cruceros se verían obligados al pago del derecho establecido en el artículo 8 fracción I de la citada Ley, que originalmente ascendía a 42 dólares.
Ante el albazo legislativo, las protestas de las empresas navieras no se hicieron esperar y la poderosa Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA por sus siglas en inglés), representada por su directora ejecutiva, Michele Paige, logró negociar con las autoridades mexicanas, por la intermediación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, la reducción de la contribución a 21 dólares y la aplicación gradual del aumento hasta septiembre de 2030. Para esos propósitos se firmó un acuerdo contenido en un Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés).
Las principales navieras del mundo, como Carnival, Royal Caribbean, Norwegian o Disney, amagaron al considerar que, de no continuarse con estímulos, la industria de cruceros en su conjunto carecería de incentivos para colaborar con el Plan México. Entre otras cosas, señalaron que reducirían arribos a México y reconsiderarían seriamente sus planes de inversión en nuestro país.
Por su parte el gobierno mexicano aprovechó la coyuntura y pidió a las navieras compromisos para adquirir más insumos de manufactura nacional en la proveeduría de los barcos en los puertos mexicanos de destino. En específico también, comprometerse con un porcentaje mínimo de adquisición de productos nacionales, bajo el programa Hecho en México, ya desde este 2025.
Finalmente, promover el consumo de artesanías y textiles locales, ampliar la propaganda del destino México a través de sus medios de difusión, establecer métricas de crecimiento para la participación de empresas mexicanas dentro de las cadenas de suministro de la industria de cruceros y, no menos importante, promover empleo en México y reclutar a tripulantes mexicanos.
En una misiva reciente, la FCCA señala que el gobierno mexicano está transgrediendo el acuerdo firmado, en lo relativo a la determinación gradual del derecho a pagar y a no establecer temporalidad en el cobro final de los $21 dólares.
Esperamos se aclaren esas diferencias y se llegue a un acuerdo a la brevedad, por la importancia que los cruceros representan para nuestro país. Esta industria es un motor económico relevante, con proyecciones de crecimiento y beneficios para diversas regiones.
La derrama económica por cruceros en México ha mostrado en los últimos años un crecimiento constante, destacando un 36.4% entre enero y julio de 2024, en comparación con el mismo período de 2019, según datos oficiales de la Secretaría de Turismo. Se estima que individualmente cada turista de crucero gasta un promedio de 60 dólares en su visita a los puertos, siendo Cozumel, Mahahual, Cabo San Lucas y Ensenada algunos de los más visitados y que dependen fuertemente en sus economías locales de este tipo de turismo.