Aída María Holguín Baeza.- Recientemente, la organización ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, extendió una invitación a seguir informados y defender la transparencia, pilar de nuestra democracia. Invitación que decidí atender, sumándome al respaldo de 62 organizaciones y 92 personas que comparten su preocupación por el estado actual del derecho de acceso a la información pública en México.
El problema es que la transparencia enfrenta un grave desafío con la creación de “Transparencia para el Pueblo”, que sustituyó al INAI. Un cambio que ya está evidenciando riesgos serios para la rendición de cuentas, generando preocupación, no solo entre organizaciones y ciudadanos, sino también entre aquellos que defienden la importancia de un contrapeso efectivo frente al poder.
Así, lo que estamos presenciando no es una transformación, sino una involución en materia de transparencia, disfrazada de renovación.
Desde su puesta en marcha en mayo pasado, Transparencia para el Pueblo ha generado preocupación por el despilfarro de recursos y el uso excesivo de formalismos, que han dejado sin respuesta a cientos de solicitantes. De los 2,253 recursos presentados, solo 457 fueron resueltos y el 99.6% fueron desechados, no por falta de fundamento, sino por un enfoque burocrático que impone barreras en lugar de facilitar el acceso a la información.
Según ARTICLE 19 MX-CA, entre las causas destacan el incumplimiento de requisitos legales y la falta de respuesta a requerimientos administrativos, problemas que deberían corregirse con apoyo institucional, no convertirse en motivo de rechazo.
Este escenario es alarmante, ya que convierte a la ciudadanía en víctima de una burocracia que olvida su función principal, que es la de garantizar el derecho a saber. Es decir, que la legislación obliga a las autoridades a suplir deficiencias en las quejas, flexibilizando procedimientos para proteger derechos, no para imponer obstáculos; sin embargo, Transparencia para el Pueblo parece haber abandonado esta responsabilidad y se ha vuelto un obstáculo.
Es imprescindible, pues, subrayar que la independencia de un órgano garante de la transparencia es esencial para asegurar su imparcialidad. Cosa que no ocurre con Transparencia para el Pueblo porque su vinculación con el Poder Ejecutivo ha comprometido su capacidad para actuar como contrapeso, favoreciendo a los sujetos obligados, debilitando la confianza ciudadana y limitando el acceso a la información pública.
Lo más grave del asunto es que esta tendencia se ha replicado en 23 estados, donde las funciones de transparencia han sido transferidas a dependencias como contralorías o secretarías anticorrupción. Además, en 13 entidades han aumentado las causales para reservar información, profundizando la opacidad y dificultando cada vez más el ejercicio del derecho a saber.
Entonces, frente a este panorama, no podemos permanecer indiferentes. El acceso a la información es un derecho fundamental, no una concesión del gobierno. Por eso, su debilitamiento representa un retroceso democrático y atenta contra los derechos humanos, limitando la vigilancia ciudadana.
Urge, pues, que la sociedad civil exija instituciones imparciales y comprometidas con la defensa de este derecho, entendiendo que la transparencia no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética y un pilar irrenunciable de toda democracia, cuya erosión en México está socavando los cimientos mismos de nuestra democracia, hoy amenazada por un preocupante retroceso institucional.
A modo de resumen, concluyo parafraseando lo dicho alguna vez por el médico y expolítico singapurense Tan Cheng Bock: Los procesos de buena gobernanza se han desviado, y ya se observa una erosión de la transparencia, la independencia y la rendición de cuentas –desviación que amenaza los pilares de la democracia–.
laecita.wordpress.com
laecita@gmail.com