Dr. Fernando A. Herrera M.- El 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó lo que hasta entonces era murmullo: recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Los documentos llegaron sin las pruebas, dado que es una solicitud administrativa solo para evitar que huyan.
En México no se tomó a bien que se hiciera público y asumieron equivocadamente que ya pedían extradición.
La novedad no es la solicitud, es la geografía que empieza a dibujarse sobre las redes del crimen organizado. En círculos de inteligencia y en las fiscalías locales se menciona con insistencia una segunda tanda que apuntaría presumiblemente a Tamaulipas, Baja California, Sonora y Michoacán. No hay un comunicado oficial, pero los movimientos en campo así lo indican.
Las fiscalías de Baja California y Sonora, junto con CBP (Customs and Border Protection) intensificaron operativos conjuntos contra líderes criminales en la frontera y la FGR reportó detenciones con fines de extradición con casos en Baja California, entre otras entidades.
En el precedente de Sinaloa
El Departamento de Justicia exige que México detenga al gobernador Rubén Rocha, hoy con licencia, y a nueve funcionarios más, mientras la Fiscalía mexicana advierte que solo concederá extradiciones si hay sustento legal suficiente. Aunque tres de ellos ya se entregaron a las autoridades de Estados Unidos.
Si la lista se amplía a estos cuatro estados fronterizos y del Pacífico, el caso dejará de ser anecdótico y se convertirá en un patrón. Washington ya trata a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y cualquier indicio de protección política activa el delito de apoyo material en su legislación. Allá no se necesita condena, basta la investigación para que bancos, aseguradoras y agencias aduanales endurezcan los filtros.
Ahí la relación bilateral cambia de tono. No es solo diplomacia, será cumplimiento corporativo. Bajo el T-MEC, una indagatoria por vínculos con una FTO (organizaciones terroristas) permite congelar cuentas, retrasar certificaciones y abrir paneles por seguridad nacional.
Tamaulipas y Baja California concentran el grueso del comercio terrestre con Texas y California. Sonora es corredor energético. Michoacán sostiene la agroexportación. Un señalamiento, aunque sea preventivo, encarece los seguros, frena la inversión y politiza la revisión del tratado prevista para estos meses de junio y julio 2026.
Sheinbaum responderá el domingo desde el Monumento a la Revolución con un discurso de soberanía, pero la soberanía no se defiende con mítines, se debería defender con expedientes limpios. Si la segunda tanda se confirma, México enfrentará no una solicitud de extradición, sino una auditoría permanente de sus gobiernos estatales y del propio gobierno federal.
Estados Unidos usará el comercio como rehén. Cooperamos o nos aislamos.
El riesgo que PT y Verde no están calculando
El 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) a ocho grupos: Tren de Aragua, MS-13, Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.
La designación activó la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224. Todos los bienes e intereses de los designados en EU quedan bloqueados y se prohíbe a personas estadounidenses realizar transacciones con ellos. En la práctica ya se tradujo en restricciones de visado a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluidos familiares, socios y allegados comerciales.
Para el PT y el Verde el problema es que hay un expediente, que es público, y que obligó a la UIF a activar los mecanismos en los bancos. PT y PVEM no son observadores externos, son socios electorales de Morena con coalición ratificada rumbo a 2027 y 2030, y con decisiones conjuntas en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Las restricciones de visado no requieren condena. Basta con una “afiliación” o una “asociación” razonable. Un dirigente del PT o del Verde que aparezca en fotos de campaña, convenios o eventos con un funcionario señalado, pasa al rango de revisión.
Si PT y Verde quieren evitar quedar como asociados de un partido bajo sospecha de colaboración con FTO, ¿Por qué esperar la nominación de Washington? El movimiento lógico sería tomar decisiones a tiempo y marcar distancia, incluso suspender acuerdos de financiamiento compartido con comités estatales de Morena en estados clave como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.
En esa línea, tendrían que decidir con sus legisladores votar separados de Morena en temas de seguridad y extradición, para crear un registro público de autonomía
Hoy no tienen manchas directas. Esa es la ventana que deben aprovechar. Una vez que un banco bloquee una cuenta o un consulado niegue una visa por “asociación con entidad vinculada a FTO”, cualquier decisión llegará tarde.
El riesgo legal es real. PT y Verde todavía pueden elegir si quieren seguir o no aliados.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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