Dr. Fernando A. Herrera M.- La presidente dijo ayer en la mañanera que no se puede entregar a nadie sin pruebas. Suena bien. Solo que esa frase ignora lo que México firmó.
El tratado de extradición con Estados Unidos no pide pruebas plenas para la detención provisional. Pide una orden de aprehensión, un resumen de hechos y la promesa de formalizar en 60 días. Si en ese plazo no llega el expediente, se levanta la medida. Así está escrito.
Pero la presidente decidió leer el tratado al revés. Donde dice “detén y espera 60 días”, ella prefirió leer “pide todo antes”. Y dijo donde decía “procedimiento”, ella puso un discurso. Y aquí viene la parte que no cuadra. Cuando ella habla de pruebas para defender a los señalados por Washington, su voz es firme. Cuando se trata de los miles de mexicanos encerrados sin pruebas, su voz no nunca apareció ni aparece.
A fecha de 2024, cerca de 90 mil personas estaban privadas de la libertad sin sentencia. De ese grupo, 43 mil sufren de la abusiva prisión preventiva oficiosa.
Eso es, exactamente, “encerrar sin pruebas”. No hay fallo, no hay condena, solo años de ingrata espera. No hay mañanera para ellos. No hay defensa desde Palacio. No hay exigencia de pruebas.
Entonces, ¿cuál justicia defiende? Si ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo gobernarnos, entonces ¿la prisión preventiva oficiosa es la forma que elegimos? ¿Pero solo para los mexicanos comunes? Porque los que tienen poder andan libres y hasta fuero tienen. Si el estándar es “sin pruebas no hay entrega”, ¿Por qué aquí el estándar no es igual? ¿“sin pruebas no hay cárcel» para los que llenan los penales?
Si el tratado le parece abusivo, ¿Por qué permite detener primero y probar después, con años impensables de por medio? ¿Por qué permite la prisión preventiva oficiosa, que todos los días encarcela gente sin pruebas? ¿Será que le parece normal?
La contradicción es política, no jurídica. Con los de afuera, el gobierno es garantista de manual. Con los de adentro, se vuelve un sistema de encarcelamiento inhumano.
No se trata de regalar extradiciones. Se trata de coherencia. Si vas a exigir pruebas para entregar, exige pruebas para encerrar. Si vas a invocar derechos humanos en la mañanera, invócalos también desde los reclusorios donde la gente lleva cinco, siete, diez años esperando una sentencia.
Mientras esa doble vara siga, la frase de hoy no es principio, es una coartada chabacana. Y la pregunta queda en el aire, con nombre y apellido: ¿Qué justicia defiende la presidente, la de los reflectores o la de los expedientes? Porque hay 43 mil mexicanos esperando por una voz como la de ella que los defienda.
En Chihuahua, como ejemplo, encerraron a los del llamado espectacular “Justicia para Chihuahua”, con la prisión preventiva oficiosa, y después de años de prisión no hay uno solo que no les haya ganado su libertad luchando contra todo el sistema. Y, una vez que se demostró la falacia de tal llamado espectacular, todos ellos esperan justicia por la injusticia y la tortura de que fueron objeto.
¿Hay una voz que hable por ellos? ¿Será vana su espera?
Washington cambia el marco
El miércoles 6 de mayo, la Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. No es un ajuste técnico de lo que están haciendo. Es la formalización de una doctrina que trata a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y a su actividad como una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas coordina un presupuesto de 44 mil millones de dólares a través de 19 agencias federales para ejecutarlo.
Este documento, presentado por la zarina antidrogas, por orden del presidente, se construye sobre tres pilares.
Primero, detener el flujo en la frontera con “kinetic strikes against narcoterrorists”, más tecnología de detección y el respaldo del Departamento de Guerra a las Homeland Security Task Forces.
Segundo, desmantelar empresas criminales con sanciones financieras, inteligencia para golpear liderazgos y persecución del tráfico en línea.
Tercero, blindar la cadena global de precursores exigiendo a países de origen y tránsito, controles similares a los que hay en los Estados Unidos. A eso le suma herramientas inéditas: uso de inteligencia artificial para anticipar amenazas, pruebas de aguas residuales a escala nacional y, por primera vez, programas de recuperación basados en la fe.
México en el centro
Para México el mensaje es explícito. La estrategia señala que Washington quiere que México y Colombia den más resultados y “utilizará su peso para que así sea”.
A México le pide más decomisos de precursores químicos y drogas sintéticas, y que acabe con la capacidad de los cárteles para amenazar territorio estadounidense. La cooperación ya no es automática: El apoyo y la asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo arrestar, procesar y extraditar a líderes.
El miércoles mismo, el fiscal general en funciones Todd Blanche advirtió: “continuaremos haciendo acusaciones como la que ya se hizo” contra políticos mexicanos; confirmó la acusación contra un juez y que varios de los extraditados están cooperando para abrir nuevos casos; todo, una semana después de imputar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por vínculos con “Los Chapitos”.
Lo que sigue
En la práctica, vendrán varios frentes simultáneos:
1.- Judicial: más imputaciones en cortes estadounidenses contra alcaldes, gobernadores y operadores financieros, usando testimonios de capos extraditados.
2.- Operativo: mayor presencia de task forces binacionales, intercambio de inteligencia y presión para operaciones conjuntas en Sinaloa, Sonora y la frontera norte, incluido Chihuahua, donde ya hay fricción por presencia de agentes de la CIA.
3.- Diplomático: uso de certificaciones, listas negras y restricciones de visado para forzar reformas regulatorias sobre químicos y lavado.
Consecuencias de no ayudar
Las consecuencias de no cooperar fueron delineadas por el propio Trump: “Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos”. En la práctica eso significa tres riesgos concretos:
Primero.- Acciones unilaterales, desde interdicciones marítimas ya en curso en el Caribe hasta operaciones terrestres selectivas, justificadas bajo la designación de los cárteles como terroristas.
Segundo.- Asfixia financiera y legal para funcionarios y las empresas vinculadas, a través de sanciones del Tesoro y apertura de procesos en Estados Unidos.
Tercero.- Ruptura de la cooperación en materia de seguridad con la disminución de equipo de alta tecnología, menos inteligencia compartida y mayor presión pública; todo, en un año electoral en el que mostrar dureza contra México rendirá votos en Estados Unidos.
La presidente ha insistido en la cooperación sin subordinación, pero la estrategia 2026 le reduce el margen de maniobra para quedarse como pretende. Hay ultimátum: O hay entregas medibles, numeritos en laboratorios destruidos, en los precursores químicos incautados y en respuesta positiva a las extradiciones o la amenaza clara de que Washington actuará por su cuenta.
Para México, ayudar no es parte de la diplomacia, es una condición.
Dr. Fernando A Herrera. Periodista y politólogo, es Doctor en Administración por la UACH. Presidente del IEE Chihuahua (2006-2015); presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México (2014). Es autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana. Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx
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