Alejandro Zapata Perogordo.- Los periodos extraordinarios de sesiones del Congreso Federal no son una práctica común; en realidad se llevan a cabo cuando las circunstancias así lo ameritan, regularmente por cuestiones que exigen cierta urgencia, previo consenso entre las diversas fuerzas políticas que componen el órgano legislativo, se hace la respectiva convocatoria para tratar los temas.
En esta ocasión no fue así, pues la agenda parlamentaria incluye alrededor de veinticinco rubros, tanto de temas que estaban pendientes como del anuncio por parte del ejecutivo para incorporar algunas iniciativas de su interés a fin de ser tratados en este periodo excepcional.
Es obvio que no todos los temas merecen ser incorporados al no estar dotados de la característica de urgente, aunque sean importantes. Al respecto, cabe agregar que el cúmulo de asuntos sometidos a la aprobación de las Cámaras resulta en esencia imposible de analizar con seriedad en tan breve tiempo, pues la convocatoria prevé el inicio a partir del 23 de junio y hasta el 2 de julio, es decir, escasos diez días para sacar adelante alrededor de veinticinco iniciativas.
Sobre el punto, es importante destacar que no había dictámenes; tampoco consensos al existir divergencias sustanciales en temas sensibles y delicados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, inteligencia, personas desaparecidas y Guardia Nacional, entre otros, cuyos contenidos impactan algunos derechos humanos.
Esa conducta solo viene a robustecer la característica de un régimen autoritario, donde el Poder Legislativo se ha convertido en un mero trámite, al contar con mayorías que aplastan a la oposición, sin reconocer a las minorías y menos la pluralidad, pues si bien, a estos últimos se les permite el uso de la voz al ser un derecho fundamental, sus contrapartes no escuchan razones, no les importan los contenidos de las leyes que aprueban y su único objetivo es quedar bien con la jefa.
La etapa a la que estamos incursionando es en extremo peligrosa, el centro de la política nacional donde se discuten los asuntos trascendentes siempre se localiza en los Parlamentos, pues constituyen un pilar esencial al tener el pulso de todo lo que ocurre, se dice y se piensa en el país. Así, al rehuir las mayorías oficialistas de esa función, cierran la posibilidad del entendimiento y la comprensión, indispensable en toda democracia.
Ante esa tónica podemos afirmar que la democracia es una forma de vida con el propósito de mejorar; en tanto que el autoritarismo consiste en la imposición. Desde ese ángulo, el Congreso a través de las leyes establece políticas públicas que trascienden a la vida de las personas; sin embargo, esas mayorías las imponen arbitrariamente, sin previa consulta ni consensos, solo obedeciendo la consigna.
Ya vimos el desbarajuste ocasionado con la reforma judicial, que se convirtió en un bodrio espeluznante con alto costo a la nación. Ahora, con este periodo extraordinario legislando en materias altamente sensibles, los legisladores morenistas y aliados –fieles a su costumbre de levantar la mano–, nos tienen profundamente apanicados.
Nuevamente se anticipan –para variar– productos legislativos maltrechos encaminados a empoderar al gobierno e inservibles a la sociedad.