César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua de 2010 al 2016, fue detenido en junio de 2020 en Florida, Estados Unidos, por los presuntos delitos de peculado y desvío de fondos y se encuentra en proceso de extradición a México. Y de darse una serie de elementos, en 2022 podría salir libre de prisión.
El gobierno de su sucesor, Javier Corral, lo acusó de planear y ordenar un conjunto de desvíos de recursos del erario público por mil 200 millones de pesos. La Fiscalía de Chihuahua abrió 10 causas penales en su contra y le incautó 10 bienes inmuebles.
También fue acusado de participar en la Operación Zafiro, mediante la cual fueron desviados recursos del erario público para la campaña del entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, y las del PRI en 2015. Otro de los señalamientos en su contra tiene que ver con presuntamente haber usado recursos del gobierno para impulsar la creación de un banco del que resultó ser socio.
Desde 2017 se iniciaron las carpetas de investigación en su contra y hasta la fecha se le han girado 21 órdenes de aprehensión, una del ámbito federal.
Lo último que se sabe sobre su caso es que un juez ordenó a la Fiscalía de Chihuahua restituir los 10 ranchos que le fueron confiscados, tras considerar que el privar a Duarte de esos inmuebles violaba el debido proceso.
La actual gobernadora, Maru Campos, y la Fiscalía aseguraron que los bienes no se entregarán toda vez que siguen sujetos a procedimientos en la vía penal. César Duarte aún tiene opción de salir libre.
Esto debido a que puede convertirse en testigo colaborador del gobierno para destapar otros casos de corrupción más grandes que el suyo. El pasado 14 de diciembre, el presidente López Obrador aseguró que, en su opinión, “si se da a conocer sobre complicidades mayores y si se va a recuperar dinero mal habido yo estoy de acuerdo en eso EN el criterio de oportunidad para el exgobernador)”.