El 1 de junio tres de los cinco miembros de la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, relativo al amparo 6089/2021, presentado por Lucio Francisco López Maldonado, acusado y sentenciado a 30 años de prisión en 2018 junto a otras dos personas por cobrar una cuota de mil pesos mensuales al propietario de un negocio en Ciudad Juárez, durante tres meses, de noviembre de 2014 a febrero de 2016.
El amparo reclama la inconstitucionalidad de la sanción de 30 a 70 años establecida en el Código Penal del Estado para el delito de extorsión agravada, al considerar que trasgrede el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 22 constitucional.
Dicha penalidad ya había sido modificada en noviembre de 2014, cuando el Congreso del Estado eliminó la prisión vitalicia para extorsionadores, secuestradores y homicidas, que fue impuesta desde 2010.
La diputada Adriana Terrazas Porras, consideró necesaria la modificación al Código Penal del Estado a fin de cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello evitar que quiénes ya fueron sentenciados salgan de la cárcel bajo un amparo, dañando así la estabilidad emocional y el patrimonio de las familias chihuahuenses, señaló la diputada Adriana Terrazas Porras, durante el razonamiento de su voto.
Tan sólo en Ciudad Juárez existen 190 acusados por el delito de extorsión, quiénes podrían salir libres al ser juzgados con una pena que se considera desproporcional de acuerdo a la acción de inconstitucionalidad decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de junio cuando consideró excesiva la sanción de 30 a 70 años de prisión prevista en el segundo párrafo, fracción I, del artículo 204 Bis del Código Penal de Chihuahua.
En su discurso la legisladora expuso la necesidad y obligación del H. Congreso del Estado de Chihuahua para realizar una adecuación a la norma bajo el principio de proporcionalidad modificando el delito de extorsión a delito pluriofensivo, y su pena se modifica también para evitar que la acción de inconstitucionalidad los alcance y los acusados puedan salir en libertad.
“Al aprobar esta reforma, estaremos actuando bajo el principio de proporcionalidad de las penas, que establece el artículo 22 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fijando un castigo razonable para quienes cometan este delito”, dijo Adriana Terrazas e hizo énfasis en que el dictamen contempla la extorsión como un delito pluriofensivo, porque no solo tutela los bienes del patrimonio, si no que afecta la paz, la seguridad de las personas, la integridad y la vida.
En su discurso la legisladora reiteró su actuar como legisladora basada en la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica, garantizando que las penas no son desproporcionadas, ni contrarias a la dignidad humana y finalizó comprometiéndose a seguir velando por la integridad y seguridad de la sociedad que ha sido vulnerada en su patrimonio que han obtenido de manera honesta con el único propósito de brindar una vida digna a sus familias.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, el dictamen es resultado de una iniciativa con carácter de decreto presentada por la diputada Adriana Terrazas Porras, emanada de pláticas con Ficosec, la Mesa de Seguridad y organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el riesgo que significa dejar de lado la armonización con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.