El Gobierno del pueblo

Candelario González Villa.- El Gobierno constituye la rama Ejecutiva del Estado, diferente a la Legislativa o la Judicial. La Constitución encarga al presidente de la República, titular del Ejecutivo, y a sus subordinados, los secretarios del Estado y los servidores de la Administración Pública Federal, la conducción del país, su gobierno y su recta administración, no solo del aparato de Estado, sino también de los bienes que son propiedad de la nación y de los servicios que están llamados a prestar a la sociedad (artículos 80 al 93).

El Ejecutivo federal nos representa también frente a las naciones del mundo y con sus Fuerzas Armadas a su disposición, está encargado de la seguridad nacional.

Algunos teóricos y analistas de la política consideran que se trata de un súper poder. En una democracia, como queremos, debe tener limitaciones que lo hagan susceptible de ser acusado o denunciado ante la ciudadanía sin desmedro de sus facultades.

Pero en nuestra Constitución no se precisan con propiedad las facultades de un buen gobierno ni se especifican los controles que deben ejercerse sobre este enorme poder, para que el gobierno sea eficaz y al mismo tiempo, democrático.

El constituyente de 1917 diseñó un Ejecutivo fuerte que, a través del tiempo, pudo ejercer un dominio total sobre los otros dos poderes federales y sobre los locales. A esos mecanismos constitucionales se les agregó la creación del partido oficial en 1929, el Partido Nacional Revolucionario, del que derivaron el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente, el Partido Revolucionario Institucional.

El artículo 89 enumera las facultades del Ejecutivo, que en la letra no representan mayores poderes. Los ultra poderes del Ejecutivo radican en otros artículos de la Constitución, señalados en el artículo 27 y el 123.

El primero da al presidente la facultad de expropiación de toda forma de propiedad, privada o social. Esta facultad se consolidó con la Ley de Expropiación de 1936. Sin previo, aviso el titular del Ejecutivo puede expropiar a cualquiera.

El artículo 123 la hace de árbitro, mediante las juntas de conciliación y arbitraje en las que actúan tripartitamente un representante del gobierno, uno de los patrones y otro de los trabajadores. Eso ha permitido al presidente someter a los trabajadores y también a los empresarios a su voluntad.

Desde luego que necesitamos un Ejecutivo que funcione bien. El presidente debe tener amplias facultades para ejercer sus funciones, por ejemplo, nombrando a sus funcionarios según su leal saber y entender; pero el Legislativo, que tiene la facultad constitucional de controlar los actos políticos del Ejecutivo, debe poder decidir sobre la idoneidad de esos funcionarios y aceptarlos como se hace en los gobiernos de Gabinete.

El Ejecutivo debe tener el mando de las fuerzas armadas, pero la Defensa y la Marina –que deben ser unificadas en una en una sola Secretaría de la Defensa– deben quedar bajo la conducción política de un civil.

En particular a las Fuerzas Armadas debe reservárseles la facultad jurisdiccional de juzgar a los militares de las tres ramas, únicamente por faltas a la disciplina militar. Los militares que, en servicio, cometan delitos del orden común o federal, deben ser juzgados por autoridades civiles.

Eso evitará la impunidad y el encubrimiento en el funcionamiento de nuestros institutos armados. Esto como un asunto de derechos humanos, también vinculado al funcionamiento democrático de la República.

En el Derecho Constitucional, el Legislativo ejerce lo que se llama control político, es decir, la vigilancia sobre los actos del Ejecutivo. Pero la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Poder Judicial Federal, ejerce el control constitucional o de constitucionalidad, lo cual quiere decir que, tanto sobre leyes del Legislativo como sobre actos del Ejecutivo, puede hacerse observaciones en cuanto a su apego a la letra y al espíritu de la Constitución.  Si una ley o un acto de gobierno violan o no se apegan a los preceptos constitucionales, carecen de validez.

El Ejecutivo no actúa solo, debe someterse a las leyes y dar cuenta al Legislativo de sus actos y, sobre todo, apegarse a la Carta Magna, cumplir sus leyes y también los tratados internacionales que forman parte de nuestra ley fundamental, según el artículo 133.