En la Hoguera

Más vale una colorada que mil descoloridas… Los chihuahuenses están a la expectativa por conocer si en el anuncio del presidente López Obrador de exhibir a los gobernadores que no acuden a las reuniones de las mesas para la construcción de la paz, figurará Javier Corral, de quien no se sabe si participa o no de los encuentros para delinear la estrategia de seguridad que se aplica.

AMLO manifestó que “cuando no hay atención o cuando hay mucha incidencia delictiva en un estado es porque no nos aplicamos todos parejo” y aunque por el momento no hizo una alusión en particular, en nuestro estado hay muchos que afirman que en la lista habrá de aparecer el desgobernador panista.

Andrés Manuel López Obrador insistió que es necesario que todas las instituciones gubernamentales y la gente “se apliquen” para que la incidencia delictiva disminuya.

Es una piedra en el zapato… Aunque en el gobierno amañecido se hace más notoria la incapacidad para el manejo de los recursos públicos, el desgobernador insiste en realizar “mesas de análisis” y foros para consolidar una nueva Convención Nacional Hacendaria, con los cuales pretende que el gobierno federal modifique los esquemas de distribución de recursos.

“Hay un fenómeno de concentración de recursos en prioridades muy presidenciales y la República es un todo y somos parte de una federación; el Presupuesto de Egresos es de la Federación no es del Gobierno de la República”, argumentó para sustentar su participación en estos eventos.

Ante tanta insistencia por recursos públicos, vale preguntarse ¿para qué los quiere el desgobernador si es evidente que en nuestro estado no hay obra pública, el sistema de salud está colapsado y de seguridad mejor ni hablar? ¿En qué los usará?

A falta de pan, buenas son tortillas… A pesar de las expectativas que despertó la reunión que sostuvieron integrantes de las familias Langford y LeBarón con el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ninguno de los presentes en dicho encuentro quiso proporcionar detalles sobre el avance de las indagatorias respecto al homicidio múltiple.

Adrián y Julián LeBarón se dijeron satisfechos, aseguraron que no les dieron ‘atole con el dedo’ y que se les anunció la inminente detención de posibles responsables, aunque no se les planteó un móvil de los asesinatos.

Aprovecharon para ‘aclarar’ que no han solicitado una intervención del gobierno de Estados Unidos y que sus expresiones fueron ‘mal interpretadas’, pues ellos lo que desean es que se analice la posibilidad de pedir ayuda a la población o a escala internacional.

Chango viejo no aprende maroma nueva… Al darse a conocer los nombres de algunos de los detenidos en Janos, Chihuahua, como presuntos responsables de la masacre LeBarón, sus familiares señalaron que se trata de chivos expiatorios.

El domingo fueron detenidos los hermanos Luis Manuel y Héctor Mario, uno de ellos cuida de su papá enfermo y el otro es ganadero, ninguno cuenta con antecedentes penales. Cipriano, el otro detenido, es cazador y las armas que dicen que le decomisaron estaban en regla, lo que corroboró el propio alcalde de Janos, Sebastián Efraín Pineda, quien dice que no fue notificado del operativo.

Muchos pensaban que estas mañas de las autoridades policiacas eran cosa del pasado y que en el gobierno de la 4T, que ‘erradicó’ la corrupción y en el que todo es honestidad y transparencia, no se repetirían, pero las evidencias parecen decir lo contrario.

Lo que no se empieza no se acaba… Ante las protestas que llevaron a cabo en días recientes los habitantes de Villa Ahumada, el delegado Juan Carlos Loera encabeza gestiones ante Ferromex para que se pueda concretar las reubicación de las vías del ferrocarril en esa área, debido a los accidentes provocados.

Los inconformes señalan que son cuatro cruces peligrosos del ferrocarril y ante la falta de señalamientos preventivos, se registran accidentes, algunos de los cuales han resultado en fatalidades, de ahí el interés del servidor público federal por sumarse a las negociaciones para que logre resolverse dicha problemática.

Por los pronto, hay agendada una reunión de trabajo con la empresa operadora del servicio ferroviario en la que se analizarán las opciones con las que se cuenta para atender las inquietudes de la ‘tierra de los asaderos’.

Hágase la Ley en los bueyes de mi compadre… Tal como lo adelantamos En La Hoguera, los integrantes de la actual legislatura local se convirtieron en los principales ‘impulsores’ de las políticas de austeridad en el ejercicio de los fondos públicos, pero lo que no dijeron es que nunca aplicaron sus recomendaciones en el Legislativo.

Y es que al analizar el presupuesto que ejercerán en el 2020 se confirma un incremento en los recursos destinados al Poder Legislativo, que de 432.5 millones de pesos en 2019 pasarán a 565.27 millones el próximo año, sin justificación alguna para tal incremento, sobre todo si se toma en cuenta que muchas de las partidas que ejercen los legisladores se manejan con total opacidad.

Precisamente al cierre del presente ejercicio fiscal, los diputados andan sudando ‘la gota gorda’ luego de que desde la Secretaría de Administración les pidieron los comprobantes de los recursos que se les asignan para las gestiones diversas, de las que casi nunca se les piden comprobaciones.

Cuando a dos se les compara, uno de los dos repara… Al mejor estilo de López Obrador, el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que no tolerará que en su administración haya vacas sagradas y ‘decretó’ que en su estado se acabaron la corrupción y los moches.

Bonilla aseguró que el gobierno anterior está tratando de infiltrar gente en su gobierno y que por eso Jesús Damián Núñez y Cynthia Gissel García sustituyen a Héctor Mares y Laura Torres en la Oficialía Mayor y la Secretaría de Bienestar, pues exigieron dinero a un empresario para convertirse en proveedor.

Sin embargo, de la controversia por su gobierno elegido para dos años y ‘prolongado’ a cinco por el Congreso, el mandatario prefiere hacer mutis. ¿Acaso pensará que eso no es corrupción?

El que espera desespera… Luego que a nivel nacional se difundiera información de que el gobierno amañecido habría perdido un recurso legal en el marco de las investigaciones de la llamada Operación Safiro, de inmediato el consejero jurídico estatal, Jorge Espinosa Cortés, salió a desmentir las versiones y hasta se mostró extrañado por el origen de los datos filtrados.

“Es una mala información que se genera en un medio de comunicación. Realmente el tema del carácter de víctima lo tiene por resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y apenas van a entrar al estudio de ese carácter”, dijo.

Mencionó que aproximadamente dentro de tres meses se resolverían los seis amparos atraídos en la ponencia del mencionado ministro y confirmó que se trata del presunto desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Educación al PRI.