Reformas estratégicas contra la corrupción (I)

Candelario González Villa.- Desde antes de convertirse en partido político hasta el día de hoy, como partido y ahora en el poder, en el Ejecutivo y en el Congreso de la Unión, la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional conserva su esencia y es una propuesta estratégica para el combate a la corrupción, que se puede resumir en siete puntos.

a. Establecer una ley federal de conflictos de interés que amplíe los mecanismos de prevención, endurezca las sanciones, ordene la publicidad total de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos y obligue a los mismos a deshacerse de las propiedades o intereses económicos que causen un potencial conflicto de interés, más allá de simplemente reportar su existencia.

b. Proteger a los denunciantes. Establecer normas orientadas a ofrecer mayores y mejores garantías laborales, políticas y cívicas para fortalecer la cultura de la denuncia en México. Auspiciar una ley con amplia protección y auspicio a informantes internos o denunciantes alertadores del servicio público y las empresas privadas que permita la presentación de quejas confidenciales (mas no anónimas) en contra de servidores públicos y empresarios que delinquen.

c. Reformar la Ley de Responsabilidades con objeto de facilitar el paso de la responsabilidad administrativa a la responsabilidad penal y evitar que el ministerio público deseche las pruebas reunidas por los contralores.

d. Establecer una ley general de fideicomisos públicos. Ordenar y transparentar la utilización de los fideicomisos por medio de los cuales entidades y organismos gubernamentales han podido disponer de cuantiosos recursos públicos sin vigilancia y supervisión alguna por parte de los órganos de control del Estado. Combatir la arbitrariedad, discrecionalidad y opacidad imperantes en su gestión, prohibiendo en ciertas áreas estratégicas el establecimiento de rigurosas penas para los delitos especiales vinculados al manejo financiero y de altos estándares de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

e. Establecer un registro nacional de servidores públicos y proveedores sancionados para evitar que servidores públicos o proveedores simplemente cambien de jurisdicción para seguir delinquiendo y evitar la justicia.

f. Ciudadanizar verdaderamente las instituciones más importantes para la rendición de cuentas en el país. Fortalecer el monitoreo y queja ciudadana. Establecer una ley general de contraloría social que abra canales formales de participación ciudadana y control social.

g. Construir un sistema nacional de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas que sustituya el pésimo diseño institucional de la Secretaría de la Función Pública  y robustezca las facultades actuales de la Auditoría Superior de la Federación y del Poder Legislativo en materia de combate a la corrupción.

Un Sistema Nacional de Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas debe seguir el ejemplo del sistema nacional de justicia de defensa de los derechos humanos, de justicia electoral y no jurisdiccional de protección.